Álvaro Uribe, con detención domiciliaria

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El alto tribunal determinó que el expresidente y senador deberá ser privado de la libertad mientras continúa la investigación en su contra por fraude procesal y soborno. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza”, dijo el exmandatario.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión unánime, dictó medida de aseguramiento contra el actual senador y expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por los delitos de soborno y fraude procesal. Esta es la primera vez que, por orden judicial, un exmandatario de Colombia se ve restringido en su libertad. De acuerdo con el alto tribunal, la decisión se basa en un riguroso estudio jurídico que determinó que, estando en libertad, Uribe podría representar un riesgo de osbtrucción de la justicia.

La decisión se adoptó en una sala extraordinaria conformada por cinco de los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues la magistrada Cristina Lombana fue separada del caso. El alto tribunal encontró que, al parecer, el senador Uribe sí promovió acciones indebidas para manipular testigos, razón por la cual la Corte abrió un proceso en su contra en 2018. El abogados Diego Cadena, quien representaba a Uribe, y el socio de este, Juan José Salazar, son investigados por la Fiscalía en una causa paralela.

“La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante Álvaro Hernán Prada”, explicó el alto tribunal en un comunicado de prensa. En esa declaración la Corte aclaró que varias personas allegadas al senador habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos con la presunta aprobación del expresidente Uribe.

Este caso tuvo su origen en 2012, cuando Iván Cepeda, senador del Polo, en desarrollo de un debate de control político sobre la génesis y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, presentó los testimonios de algunos exparamilitares que aseguraron que el bloque Metro de las Autodefensas operó en la finca Guacharacas (Antioquia), en tiempos en que era propiedad de la familia Uribe Vélez. Los principales testimonios fueron de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.

El primero es hijo del administrador de la finca Guacharacas; y el segundo, jefe del denominado bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas, que delinquió en el sur de Antioquia y en el departamento de Caldas. Las declaraciones de estos testigos, presentadas por Iván Cepeda en el Congreso, provocaron que el expresidente acudiera a la Corte Suprema de Justicia para denunciar al senador del Polo por los presuntos delitos de abuso de función de pública e injuria.

El expresidente y el senador Cepeda ya tenían una pelea política casada de vieja data desde el segundo gobierno de Uribe, cuando el líder político publicó en 2008 el libro A las puertas del Ubérrimo, con graves señalamientos contra el entonces primer mandatario y su entorno político y económico. Eran los días en que el escándalo de la parapolítica ardía en el país, y Uribe libraba una pelea pública con la Corte Suprema de Justicia, que incluso fue objeto de espionaje en su Sala Plena por parte del extinto DAS.

Hacia el año 2014, Cepeda y Uribe volvieron a encontrarse, esta vez ambos en calidad de senadores. El primero, del Polo, y el segundo del Centro Democrático, partido creado por el expresidente para oponerse al gobierno de Juan Manuel Santos y las negociaciones de paz con las Farc en La Habana (Cuba). De nuevo, Cepeda arremetió contra Uribe en el Congreso, y la réplica del exmandatario fue allegar nuevos testimonios a la Corte Suprema para fortalecer su denuncia contra el congresista del Polo.

En 2018, seis años después de que Uribe instaurara la denuncia, la Corte Suprema de Justicia se pronunció para concluir que los señalamientos contra el congresista Cepeda debían ser archivados y, en contraste, quien debía ser investigado penalmente era el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos. La decisión del alto tribunal causó revuelo político y jurídico. En medio de la disputa pública, Uribe aseguró que su teléfono personal había sido interceptado de manera ilegal, acusación que rechazó la Corte.

Cuando parecía que el caso iba a ser un capítulo más de la pelea entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe, en julio de 2018, la Corte Suprema abrió un nuevo expediente contra el exmandatario, esta vez basado en pruebas aportadas por la defensa de Cepeda, que alertó al alto tribunal sobre acciones de última hora en el entorno del exmandatario para forzar la retractación de algunos testigos que reiteradamente habían señalado a Uribe Vélez de nexos con el paramilitarismo.

En esa súbita pesquisa ordenada por la Corte, se supo de la existencia del abogado Diego Cadena. La Corte observó que este defensor de Uribe se movió acuciosamente durante los días previos a la posibilidad de apelar la decisión en contra del exmandatario, para tratar de revertir los testimonios que lo incriminaban. Incluso, que hubo pago de dineros. El principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, grabó una de sus reuniones con Cadena en la cárcel La Picota, en Bogotá.

El expresidente y senador Álvaro Uribe rindió indagatoria el 8 de octubre de 2019, en una jornada que, literalmente, paralizó las actividades en el Palacio de Justicia y causó manifestaciones en las calles en favor y en contra del exmandatario. Este dio en siete horas su versión ante el magistrado instructor César Reyes, quien desde entonces se tomó casi un año para evaluar el material probatorio recaudado, que ahora justifica la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia.

En desarrollo de este proceso judicial, se desprendió una nueva investigación, esta vez contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar. El pasado 27 de julio, la Fiscalía les imputó cargos por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Desde la semana anterior, ante un juez de garantías de Bogotá, se resuelve el caso. El ente investigador ya pidió detención domiciliaria para los abogados, en posición que fue compartida por la Procuraduría General de la Nación. El próximo jueves 6 de agosto se conocerá la decisión del juez en este caso.

El senador Uribe ha sostenido reiteradamente que nunca ha cometido algún acto ilegal. Minutos después de que la Sala de Instrucción le notificó la decisión de su medida de aseguramiento, el expresidente trinó: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.

Congresista Álvaro Hernán Prada continuará en libertad

En el mismo proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe, también es investigado Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático. El alto tribunal señaló que el congresista permanecerá en libertad mientras avanza su investigación por el delito de soborno, en calidad de cómplice.

Esta decisión de dejar en libertad a Prada se toma luego de que, en noviembre de 2019, rindiera indagatoria ante el magistrado César Reyes en la Corte Suprema. Un mes antes, también hizo lo propio Uribe en una diligencia que duró más de siete horas.

Lo que se sabe hasta ahora es que a Juan Guillermo Monsalve —exparamilitar que señala a Uribe de fundar el Bloque Metro en Antioquia— lo buscó Carlos López, alias Caliche, para pedirle que hiciera un video retractándose de todo. Según las pesquisas, fue Prada quien pidió a Caliche que hiciera esas gestiones. El congresista niega estos señalamientos.

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