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Seis meses tuvo en sus manos la Fiscalía el que puede considerarse el expediente judicial de la década: la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ambos cargos se resumen en una idea simple, manipulación de testigos, lo cual el exmandatario ha negado con insistencia. Y en estos seis meses, la Fiscalía -que a veces resuelve casos en cuestión de horas y que a veces se toma décadas sin llegar a conclusiones contundentes- tomó una decisión que estaba cantada: solicitar la preclusión para el proceso contra Uribe. Una determinación que ahora pasa a manos de un juez de la República.
En contexto: Álvaro Uribe podría no ir a juicio: Fiscalía pedirá preclusión de su caso.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso (Gabriel Jaimes Durán) estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista (Álvaro Uribe) no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, anunció la Fiscalía el viernes a las 7 de la mañana, en un comunicado de prensa que divulgó para enterar al país de la decisión. Horas más tarde, de manera virtual, el fiscal Gabriel Jaimes radicó la solicitud de una audiencia para pedir la preclusión ante juez.
Antecedentes: Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema.
Además, previendo los tintes políticos que suelen atribuírsele a este proceso, el organismo investigativo señaló en su comunicado: “La Fiscalía General de la Nación invita a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”. El anuncio de esta decisión fue sucedido de un “Gracias a Dios por este paso positivo”, que consignó el expresidente Uribe desde su cuenta de Twitter celebrando la determinación judicial.
Al mismo tiempo que el expresidente reaccionaba por sus redes sociales, el senador Iván Cepeda, que es considerado como víctima desde que el proceso inició en la Corte Suprema, señaló durante una rueda de prensa que “el fiscal Jaimes se convirtió prácticamente en abogado de Uribe(...) las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones de Uribe y su defensa”. El exfiscal general, Eduardo Montealegre, quien también pretende ser considerado como víctima en el caso, aseguró en la rueda de prensa que “existió un claro sesgo político, un desvío del poder en la recolección de estas pruebas”.
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El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, indicó que lo que resolvió la Fiscalía era una “decisión absolutamente anunciada”, pues desde un principio se advirtió que, tanto el fiscal general, Francisco Barbosa, como el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, “carecían de lo primordial para administrar justicia: imparcialidad e independencia. La decisión de solicitar preclusión la tengo que calificar de temeraria. El camino de la impunidad sigue su curso, pero puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República”. Recordó Villalba que como representante de víctimas interpuso una recusación contra los dos fiscales que, posteriormente, fue rechazada.
La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, señaló ante distintos medios de comunicación que la decisión tomada por el fiscal Jaimes “era la única conclusión posible a la que podían llegar los investigadores”. “Esperábamos que ocurriese eso. Teniendo en cuenta el conocimiento que hay sobre el material probatorio, era la única conclusión jurídicamente posible (...) ya será el Centro de Servicios Judiciales el que agende la audiencia ante el juez que le corresponda por reparto en el circuito de Bogotá, y ese día cuando estemos convocados todas las partes intervinientes, podremos escuchar los argumentos de la Fiscalía y conocer por qué se llega a esa conclusión”.
Hacia el mediodía de ayer, la Fiscalía radicó en el centro de servicios del Complejo Judicial de Paloquemao un escrito en el que solicita la audiencia y expone escuetamente los argumentos de su determinación, la cual será sin duda alguna una de las noticias judiciales de 2021. El documento de cuatro páginas, conocido por El Espectador, fue firmado por el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, quien apenas en dos líneas argumenta la determinación del ente investigador: “1. Atipicidad del hecho investigado. 2. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”.
El 12 de agosto de 2020 Uribe se convirtió en el primer exmandatario detenido por orden judicial, la cual provino de la Corte Suprema de Justicia. “Hoy fui reseñado como (el) preso #1087985”, escribió ese día el propio expresidente desde su cuenta de Twitter, junto con la foto con que se hizo su reseña judicial. Su pelea con la Corte Suprema, a la que le reclamaba falta de garantías procesales, solo escaló a partir de ese momento, al punto que, seis días después de que su finca El Ubérrimo en Córdoba se convirtiera en su lugar de detención, Uribe renunció a su escaño en el Congreso, a donde llegó como el senador más votado de 2018, con más de 800.000 sufragios a su favor.
El Senado aceptó su renuncia en menos de 24 horas y, de esa manera, permitió que el expresidente cruzara la puerta que quería: cambio de jurisdicción sobre su proceso. Uribe y sus abogados, en cabeza del litigante Jaime Granados, alegaron que la Corte actuaba en esta investigación de forma sesgada, que no les permitía hacer los contrainterrogatorios, que se negaba a oír a testigos claves como Juan Carlos el Tuso Sierra. La Corte, a su vez, dejó registro de que fue el Tuso Sierra quien se negó a hablar con los magistrados en la fecha y hora para las que fue citado. La incomodidad de Uribe con la Corte fue un asunto que él siempre manifestó pública y abiertamente.
Así las cosas, tras la dimisión del expresidente al Congreso, la Corte Suprema admitió que perdía competencia para continuar con el caso contra él y el 3 de septiembre de 2020 las copias de cada material probatorio recogido fueron a parar a la Fiscalía. Más exactamente a las manos de Gabriel Jaimes Durán, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema y hombre de entera confianza del fiscal general, Francisco Barbosa. La primera decisión de Jaimes fue confirmar algo que venía pidiendo la defensa de Uribe: dejar claro que el proceso, por tratarse de hechos supuestamente cometidos en 2018, debía tramitarse por el sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004).
Desde entonces el proceso ha transitado por este sendero judicial, en el que también ha tenido reveses judiciales. Por ejemplo en noviembre de 2020, cuando el juez cuarto penal de conocimiento de Bogotá reversó una determinación de una jueza de primera instancia. Resolviendo un recurso de apelación interpuesto por el senador Iván Cepeda, el juez cuarto determinó que la indagatoria sí equivale a una imputación de cargos y, por lo tanto, Uribe quedó investigado formalmente. Además le dio un plazo de 90 días a la Fiscalía para determinar si llamaba a juicio o le precluía la investigación, término que se vencía hoy.