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La línea que separa en cualquier mapamundi a Perú y Colombia, en las amazonas, no solo es una frontera trazada por el Rio Putumayo, también es una de las rutas de narcotráfico más grandes del país, en plena disputa por la disidencia del Frente Primero de las Farc y el grupo de crimen organizado Comandos de la Frontera -antes conocido como Sinaloa-La Mafia-. Ambas estructuras luchan por el control de la región, cuyas víctimas principales son los pobladores de un departamento fértil en recursos naturales pero que ha sufrido históricamente de abandono estatal.
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Así lo denunció la Defensoría del Pueblo, la cual en la última alerta temprana sobre las subregiones del Eje Putumayo y el Trapecio Amazónico determinó que hay un riesgo alto para los ciudadanos. De acuerdo con el órgano de control, los residentes vienen sufriendo desde 2014 extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamientos, utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos y violaciones a la autodeterminación de los pueblos indígenas. La situación se agravó, de acuerdo con la alerta temprana, por la disputa entre ambos grupos disidentes.
De acuerdo con la Defensoría, hay un gran interés de sendas organizaciones criminales en el territorio, pues una gran extensión de la región está forrada por una selva espesa, lo que representa una ventaja estratégica en cuanto a la presencia, tránsito y ocultamiento. Las comunidades se encuentran aisladas unas de las otras, lo cual les impide denunciar las amenazas y representa un entorpecimiento de las labores investigativas de las autoridades colombianas. Además, en la actualidad tanto la disidencia del Frente Primero como Comandos de la Frontera orquestaron alianzas con grupos subversivos en Perú y Brasil.
El órgano de control informó sobre tres principales rutas de narcotráfico, entre ellas una que va desde Puerto Leguízamo (Putumayo) hasta Puerto Nuevo (Amazonas), que recorre gran parte de la frontera con Perú. “Estas rutas se han convertido en corredores para el trasiego de armas, combatientes, zonas de aprovisionamiento, la producción y transporte de insumos derivados del narcotráfico, la extracción de oro y otros minerales. De estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”, agregó la Defensoría.
Entre los riesgos señalados por las autoridades se encuentran las actividades de minería ilegal y explotación de recursos naturales en la región, incluyendo terrenos del resguardo indígena Predio Putumayo. Se podría presentar, además, destrucción o apropiación de bienes protegidos de importancia cultural para las comunidades étnicas, como casas ancestrales o sedes comunitarias. Asimismo, entre 2019 y 2020, la Defensoría recibió denuncias sobre balsas mineras ilegales a lo largo del río Putumayo y laboratorios de procesamiento de drogas en la frontera con Perú.
“La disputa que libran el Frente Primero y el grupo de crimen organizado Comandos de la Frontera a lo largo del Eje Putumayo, desde el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), para obtener dominio sobre la explotación de minerales, el tráfico de maderables, el control sobre la producción de narcóticos a base de hoja de coca, la cooptación del negocio de la marihuana proveniente del departamento del Cauca, entre otros intereses, podría derivar en el desarrollo de confrontaciones con interposición de la población civil y recrudecer la situación de violencia en el área advertida”, explicó la Defensoría.
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Además, el órgano de control tiene información de que en distintos municipios del Eje Putumayo se vienen realizando retenes de Comandos de la Frontera, donde el grupo armado cobra extorsiones a comerciantes, transportadores y contratistas que realizan obras de infraestructura pública en el sector. Se tiene registro, también, de que esta organización antes conocida como Sinaloa-La Mafia, cuyos miembros en su mayoría pertenecían al Frente 48 de las Farc, asesinaron a dos personas de la comunidad indígena de Peña Blanca en Puerto Alegría (Amazonas). Asimismo, en Tarapacá (Amazonas) han circulado panfletos amenazantes.
La preocupación de la Defensoría se fundamenta en el fuego cruzado y en las dinámicas económicas ilegales en las cuales pueden caer los habitantes de la región. Tanto el Frente Primero de las antiguas Farc como los Comandos de la Frontera dinamizaron el microtráfico en áreas urbanas, conformando mini ejércitos que funcionan como distribuidores de droga y como vigilancia y control sobre la población. “Se trata de un ejercicio de tercerización de la violencia”, explica la institución. Además, niños, niñas y adolescentes son reclutados con falsas ofertas de trabajo y terminan siendo raspachines de hoja de coca en suelo peruano.
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“De otra parte, conviene resaltar la situación de riesgo que afrontan funcionarios/as de Parques Nacionales Naturales. En febrero de 2020 la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales anunció el cierre de varias de sus Oficinas en la Amazonía y Orinoquía colombiana a cuenta de amenazas proferidas por la facción disidente del Frente Primero de las antiguas Farc-Ep”, denunció la Defensoría. Por último, los homicidios selectivos a líderes sociales serían estrategias tomadas por ambos grupos para demostrar el avance sobre el territorio de la contraparte. De los 310 líderes sociales y defensores de DD.HH. asesinados en Colombia durante el año pasado, 22 estaban situados en Putumayo como lo estableció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).