Ambientalistas en la mira

La ONG Global Witness asegura que el año pasado se registraron 26 asesinatos de ambientalistas en el país. En la lista se encuentran políticos y reclamantes de tierras.

Entierro de Fiderson Paví Ramos, miembro de la guardia indígena, en el Cauca.  / Foto: Nasa Acin
Entierro de Fiderson Paví Ramos, miembro de la guardia indígena, en el Cauca. / Foto: Nasa Acin

Adenis Jiménez usó el último oxígeno que entró a sus pulmones para clamar por auxilio. A 300 metros de distancia un vecino oyó el grito, pero la ayuda no llegó lo suficientemente rápido. Había recibido dos impactos de bala en un hombro y su cabeza estaba prácticamente destruida por el golpe repetido de un machete contra su cráneo. Su muerte, según la ONG Global Witness, está relacionada con su defensa de los derechos ambientales en Puerto Asís, Putumayo. Ella y su compañero sentimental, Luis de Jesús Rodríguez, cuando no trabajan en un ladrillera del sector, protestaban en contra del desarrollo de proyectos petroleros en su comunidad. Rodríguez murió junto a Jiménez el 17 de marzo del año pasado.

Como ellos dos, dice el último informe de la ONG con sede en Inglaterra, en el país otras 24 personas dedicadas a la defensa de derechos ambientales y de la tierra fueron asesinadas en 2015. Esta cifra hace de Colombia el tercer lugar en el mundo en donde más se cometen atentados contra de este tipo de líderes. Sólo lo supera Filipinas con 33 víctimas y Brasil con 50. En el informe, divulgado el pasado lunes, se estableció que los indígenas son una de las poblaciones más afectadas por este fenómeno, que en 2015 alcanzó cifras históricas. Indígenas como el gobernador de un cabildo cerca a Pasto (Nariño), Ernesto Pejendino, asesinado el 6 de junio en el municipio nariñense de Yacuanquer.

La lista de Global Witness también incluyó el sacrificio de políticos y de reclamantes de tierras en Colombia. Estos últimos, según la ONG, al fin y al cabo defienden los derechos de la tierra. Se tuvieron en cuenta hasta periodistas. Luis Peralta, por ejemplo, era un periodista que recibió siete disparos en febrero de 2015, en Doncello (Caquetá), mientras salía de Linda Estereo, la emisora de la que era director y propietario. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Peralta cubría temas ambientales. Peralta, además, se había lanzado a la Alcaldía de Doncello días antes de su homicidio.

Como él, en el informe de Global Witness hay por lo menos otros dos personajes relacionados con la política. Alfonso González Quintero había sido candidato al Concejo en Carmen de Viboral (Antioquia) por la Alianza Social Independiente hace dos años y fue asesinado en su propia casa el 31 de julio. Heriberto Narváez Hoyos, defensor de los campesinos y de la seguridad alimentaria en Patía (Cauca), quien era un dirigente del Polo Democrático y fue atacado por dos sicarios en febrero pasado.

La ONG aclara que se incluyeron en el listado de víctimas a personas de distintas profesiones o trabajos, siempre y cuando se hubieran “comprometido a arrojar luz sobre la destrucción del medio ambiente”. Sin embargo, el caso de Colombia presenta una particularidad: buena parte de los líderes asesinados tienen que ver sobre todo con disputas por tierras. Ernesto Guzmán, por ejemplo, quien era un campesino del Urabá antioqueño, fue asesinado el 21 de octubre pasado en San José de Apartadó porque, al parecer, no quiso venderle su lote a gente del clan Úsuga.

La recuperación de tierras resultó siendo un asunto transversal en los resultados que halló la ONG inglesa. Fiderson Pavi recibió dos impactos de bala en su abdomen luego de un enfrentamiento contra el Esmad en abril de 2015 en la hacienda La Emperatriz, en el norte del Cauca. Tenía 19 años cuando decidió detener la arremetida de la Fuerza Pública por desalojar a la comunidad indígena que le reclamaba al Gobierno 20 mil hectáreas en esta zona pues, consideran, son tierras ancestrales.

Octavio Avilés Guerra fue asesinado en junio de 2015 en hechos que un año más tarde siguen siendo un misterio. La última vez que fue visto con vida se encontraba en una visita en la vereda Puya Arriba, del corregimiento San José de Mulato (Antioquia), con varios funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras en la finca que su mamá le pide al Gobierno que le devuelva. Dos tiros en su pecho fueron la causa de su muerte el 9 de junio del año pasado y su cuerpo fue hallado en zona rural de Ayapel, al sur de Córdoba, por la Policía. El caso todavía está en investigación en manos de un grupo especial de la Policía y varios agentes de Bogotá.