La amenaza paramilitar

Aunque la alta comisionada de la ONU, Kate Gilmore, felicitó al Gobierno colombiano por los avances en el proceso de paz, crecen los reclamos respecto a crímenes de dirigentes de derechos humanos.

En la ONU están preocupados por el aumento de ataques por parte de grupos paramilitares.

“Sin garantías para la labor de la defensa de los derechos no habrá paz verdadera en Colombia”, manifestó ayer la representante de la organización Brigadas Internacionales para la Paz (BIP), Manon Yard, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), que delibera desde el pasado 29 de febrero en Ginebra (Suiza). Yard, quien intervino después de que la diplomática colombiana Beatriz Londoño contestara el informe anual de la ONU respecto a la situación de derechos humanos en el país, se refirió a los asesinatos que se han dado del 1º de enero al 10 de marzo en el país.

Aunque Beatriz Londoño recalcó que “entre agosto y noviembre de 2015 Colombia registró el nivel más bajo de acciones ofensivas en el marco del conflicto en los últimos 50 años”, voceros de países miembros de la CDH y de organizaciones no gubernamentales reclamaron verdaderas garantías para los activistas de derechos humanos. Aun así, la Alta Comisionada de la CDH, Kate Gilmore, manifestó que “Colombia está en vísperas de un cambio extraordinario”. Por esa misma razón, agregó el diplomático de Noruega, Harriet Berg, “hay preocupación por el incremento de ataques contra activistas de derechos humanos”.

Para la integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Díaz, quien también participa en el debate, la ola de crímenes es una respuesta a la amenaza que sienten los grupos paramilitares por el proceso de paz. “Los medios de comunicación los llaman neoparamilitares. Pero nosotros venimos anunciando desde 2005 que los paramilitares no se han desmovilizado. Quizá mutaron o cambiaron de lugar. Pero no se desmantelaron. Su crecimiento ahora mismo es alarmante. Tienen presencia en más de 20 departamentos y son responsables de la mayoría de ataques contra defensores de los derechos humanos”, insistió Díaz.

La abogada precisó que la situación de la que habló esta semana el vicefiscal Jorge Perdomo sobre crímenes de líderes de derechos humanos no puede tomarse a la ligera. No obstante, agregó que el Programa Somos Defensores ya había advertido que solo en 2015 la violencia contra líderes locales y defensores ha aumentado en 9 %. Además, hizo un llamado a la Fiscalía: “Desde hace diez años, desde una misma cuenta de la plataforma gmail, se ha venido intimidando a activistas de derechos humanos. A pesar del poder de la Fiscalía en cuestiones de inteligencia, nos dicen que no pueden investigar”.

Un testimonio que coincide con el planteado por la representante de las BIP, Manon Yard, quien recordó que 66 % de las agresiones en contra de defensores de derechos humanos son cometidas por grupos neoparamilitares. Para Yard es claro que paralelo al avance de los diálogos de paz ha habido “un aumento en contra de reclamantes de tierras, de defensores y líderes locales”. A su vez, el integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Julio Avello, aclaró: “Estos hechos evidencian que no existen garantías para que la sociedad colombiana actúe en el ámbito político, sindical, social y de oposición.

En la sesión de ayer, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ventilaron también interrogantes sobre las instituciones carcelarias del país. La representante de la Asociación para la Prevención de la Tortura, Isabelle Heynes, dijo que se está haciendo indispensable la creación de un comité con facultad de ingresar, sin previo aviso, a cualquier institución de privación de libertad del país. En diálogo con El Espectador, Heynes argumentó: “Solo así podría resolverse el hacinamiento dentro de las cárceles colombianas y prevenirse los horripilantes homicidios que se han venido presentando en instituciones penitenciarias como La Modelo, en Bogotá”.

Respecto al tema de la Unión Patriótica, la directora de la organización Reiniciar, Jael Quiroga, que llevó a la CIDH el caso por el exterminio de este partido político, manifestó: “Tuve que recordar a la CDH que hoy en Colombia no existe garantía de no repetición del genocidio político. La Unión Patriótica surgió en un momento parecido hace tres décadas y, sin embargo, el temor de que la historia vuelva a repetirse nos está llenando de angustia. Quiero volver a participar en política, pero no lo haré hasta que haya garantías suficientes de parte del Gobierno”.