Amenazas contra hija de líder de la UP

Desde diciembre de 2014 Luisa Fernanda Santamaría Arbeláez ha recibido varios anónimos a través de correos electrónicos además de las constantes llamadas en las que nadie le habla.

Cortesía El Colombiano

La vida de Luisa Fernanda Santamaría no ha sido fácil. Cuando tenía tan solo 10 años un joven sicario, que la doblaba en edad, asesinó a su padre, el líder de la Unión Patriótica en Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría. Fue el 27 de octubre de 1989: el asesino entró a la oficina del dirigente político ubicada en el Centro Administrativo La Alpujarra, uno de los lugares más custodiados de Medellín, y lo acribilló mientras éste hablaba por teléfono.

Un crimen en el que, como siempre lo intuyeron los familiares de Santamaría, participaron miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. O al menos así lo dejó claro el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna' quien en 2012 confesó que el asesino actuó en complicidad con los miembros del esquema de seguridad asignados para cuidar al líder político. Según Murillo Bejarano, cometido el crimen el sicario fue ultimado por los mismo agentes del DAS para evitar que hablara.
 
Aunque el asesinato ocurrió 25 años atrás, la familia no ha podido deshacerse de los fantasmas del pasado. Las amenazas y el acoso contra los miembros de la familia persisten incluso hoy. Está vez la víctima es Luisa Fernanda Santamaría Arbeláez, la hija menor del líder político.

Luisa Fernanda ha dedicado su vida al arte y la cultura. Vive en Bogotá desde hace cuatro años y cursa una maestría en Escrituras creativas. Nunca ha sido militante de ningún partido político ni se ha interesado por el activismo: “mi papel ha estado relacionado de la denuncia de la violencia con el arte, pero nunca me involucrado en la política”. Es una mujer alegre y emprendedora, y pese a la muerte de su padre no quiso engrosar la cadena de odios y violencia que ha enlutado al país durante años, y prefirió tomar otros caminos.
 
En octubre pasado este diario la entrevistó con motivo del aniversario número 25 de la muerte de su padre. Desde que la nota fue publicada (acompañada de un video en el que ella hablaba de las irregularidades en la investigación del caso), su situación cambió drásticamente.

El viernes 5 de diciembre, en horas de la tarde, recibió una llamada inquietante. Al levantar el teléfono, del otro lado de la línea, escuchó  una grabación en la que una voz le advertía que en el cementerio San Pedro ya había un lote comprado a su nombre "Por favor acercarse a reclamarlo a la dirección calle 60 Número  18-41”.
 
Desconcertada por lo que estaba sucediendo Luisa colgó y al siguiente día se dirigió a un CAI en el barrio Villa Mayor, comentó lo ocurrido a los miembros de la Policía Nacional que la remitieron a la Fiscalía. Santamaría buscó la dirección pero no correspondía a ningún cementerio.
 
Ese sábado no regresó a su casa por temor y decidió pasar la noche en la vivienda de una amiga que le permitió quedarse.
 
Las llamadas se intensificaron. Cada media hora sonaba el teléfono pero nadie hablaba del otro lado de la línea. Solo se escuchaban sonidos extraños y confusos. Luisa decidió desconectar el teléfono.
 
Fue una semana angustiante “llamadas que no contestan, llamadas equivocadas con nombres extraños, entre otras cosas extrañas me hicieron salir de mi casa”, relata Luisa Fernanda.
 
El 11 de diciembre Luisa acudió a la Personería delegada de Derechos Humanos para presentar su caso, pero nada pasó. La situación se volvió tan insostenible que tuvo que cancelar la línea telefónica y viajar a Medellín, en donde permaneció dos meses.

Fue entonces cuando decidió acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda con su caso. Allí le gestionaron ante la Unidad Nacional de Protección el acompañamiento de un escolta.  
 
“Es una situación muy compleja la que estoy viviendo. Yo tenía mi vida tranquila hasta que empezaron las amenazas de nuevo. Mi padre no fue un delincuente, y yo no estoy relacionada con la vida política. Nadie sabe lo que he pasado, vivir en esta zozobra, dejando en Bogotá mis estudios, mi trabajo, las necesidades materiales para movilizarse, en estos momentos muy pocas personas se pone en los zapatos de uno. Yo le hago un llamado a las autoridades para que me ayuden, ya que soy una víctima de la violencia”, señala Luisa Fernanda.
 
Lo último que supo de su petición a la UNP fue la llamada que le hizo el pasado 20 de enero un policía quien le informó que estarían patrullando su casa mientras el organismo revisaba su caso.

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