Amenazas a periodistas 'no son una simple coincidencia'

Para el fiscal general Eduardo Montealegre los recientes ataques a la prensa intentan desestabilizar al país y el proceso de paz.

Respectivamente Ricardo Galán y Hollman Morris. / Luis Ángel
Respectivamente Ricardo Galán y Hollman Morris. / Luis Ángel

Amenazas de muerte a ocho periodistas en Valledupar (Cesar) que se dedicaban a cubrir temas relacionados con la restitución de tierras; un atentado contra el editor de orden público de la revista Semana, Ricardo Calderón; el asesinato del locutor Alberto Lázaro del Valle en Cali; y la frustración de un plan que intentaba acabar con la vida los analistas León Valencia y Ariel Ávila de la Corporación Arco Iris, y Gonzalo Guillen; fueron los ataques que prendieron las alarmas de las autoridades, quienes están reuniendo esfuerzos para dar con los responsables de estos hechos en contra de la libertad de prensa.
Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, “estos casos no pueden ser una simple coincidencia”. El jefe del ente investigador rechazó vehementemente estos ataques a la prensa y manifestó que ya existen pruebas que indican quiénes son los responsables. Montealegre agregó que existe mucha preocupación porque los ataques se han presentado en muy pocos días en distintas regiones del país. “No creemos que sean hechos casuales o de delincuencia individual, porque tenemos hipótesis que se trata de organizaciones criminales. Que no crean las bandas criminales ni los enemigos de la paz que van a desestabilizar al país con atentados contra periodistas”, puntualizó.

Para una de las víctimas, León Valencia, el plan que descubrió el gobierno contra él y sus dos colegas, tiene dos hipótesis. La primera es que puede ser una reacción o ‘coletazo’ de los políticos que fueron vinculados en las investigaciones –que hoy en día están siendo adelantadas por la Fiscalía– que realizaron durante las elecciones de gobernadores y alcaldes en 2011 por supuestos nexos bandas criminales y paramilitares.

La segunda posibilidad que planteó el columnista de Semana es que son acciones que realizan personas “oscuras” que se oponen al proceso de paz entre el gobierno y las Farc (cuyos voceros negocian desde el año pasado en Cuba) y buscan atacar a quienes son partidarios y tienen un fuerte impacto en la opinión pública. Por su parte el presidente Santos fue enfático en que desde su gobierno existe una política clara que defiende la libertad de expresión y prensa. Igualmente hizo referencia a la importancia de la prensa porque “donde no hay crítica ni investigación hay más corrupción”. El primer mandatario también se refirió a que en su gestión no se han realizado ningún tipo de persecuciones ni ‘chuzadas’ ilegales.

Otras voces del foro

Otra de las voces que se escucharon durante el evento fue la de la analista de la emisora La FM, Natalia Springer, quien se refirió, precisamente, a la incidencia de los medios en los diálogos de paz en La Habana. Al respecto dijo que la posición de los medios en ese proceso tiene que ser la de representar a las víctimas del conflicto ya que no tienen voz. Y agregó que en Colombia no se puede optar por una política de amnistía porque sería recaer en los errores de otros procesos como los ocurridos en Sierra Leona (África), Camboya (Asia) y Perú.

Durante el foro se llegó a la conclusión de que en Colombia existen dos clases de libertades de prensa. La formal que es la que estipula la ley y permite la creación de nuevos medios de comunicación y la no formal que es en la que se ejercen las presiones del Estado y grupos económicos. Periodistas como Ricardo Galán y Hollman Morris puntualizaron en que al ser un país en guerra, los periodistas siempre van a recibir amenazas de parte de todos los actores del conflicto.

Al respecto la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) envió un mensaje a la Fiscalía para que no siguiera permitiendo que los casos de asesinatos a periodistas continuaran quedando en la impunidad, ya que de los 140 casos de asesinatos a periodistas que han documentado desde 1977 a 2012, prescribieron 62. Lo que significa un 44,5% de impunidad. Otra de las preocupaciones es que en 2013, tres de estos procesos también podrían pasar al olvido si la Fiscalía no toma acciones pertinentes, como lo hicieron en el caso de José Eustorgio Colmenares –director del diario La Opinión asesinado el 12 de marzo de 1993–declarado crimen de lesa humanidad.

La Defensoría del Pueblo manifestó que en lo que va corrido del año se han reportado 30 casos de amenazas a periodistas, de las cuales 10 han sido catalogadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Ministerio del Interior con riesgo extraordinario. “Hemos observado que los protocolos no funcionan bien, es decir que hay mucha demora entre el momento en que se hace la denuncia y la reacción por parte del Estado”, agregó el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora Gómez. En este momento la UNP tiene bajo su protección a 90 periodistas.