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“Mi esposo falleció llevándose el dolor de no saber qué pasó con su hijo”, contó hace varios años Ana Josefa Gómez de Joya. Y ella, que murió el pasado fin de semana, dejó el mundo igual su esposo: cargando la cruz de no saber qué fue de su hijo Edilbrando Joya Gómez. “Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo sobrehumanamente”, agregó en su testimonio entonces, que quedó plasmado en el proyecto de grado de 2004 de Luis Carlos Álvarez y que aparece en la página de la Universidad de los Andes. Y continuó: “Porque es terrible lo que han hecho con él (…) no se lo deseo ni al mismo que ha hecho estas desapariciones”.
Aunque pocos la reconozcan o sepan de su historia, Ana Josefa Gómez de Joya fue un símbolo de perseverancia en la lucha en contra de la desaparición forzada en Colombia. Con frecuencia solía señalar que habría preferido saber a su hijo muerto “y no haber tenido este sufrimiento tan grande”. Edilbrando Joya Gómez fue el décimo de 14 hombres, casi todos estudiantes de la Universidad Nacional, que fueron desaparecidos entre marzo y septiembre de 1982. Su caso, que pasó a llamarse Colectivo 82, resultó siendo la semilla de Asfaddes, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Ana Josefa Gómez de Joya cerró los ojos por última vez sin saber cuál fue la suerte que corrió su hijo, pero, desde que él fue secuestrado cerca de su casa en Bogotá por individuos que se movían en un campero rojo, no hubo un solo día en que ella no luchara por conocer su paradero. Tras la desaparición suya y de sus compañeros, sobre ellos cayó la sospecha de haber participado en uno de los crímenes más escabrosos de 1981: el secuestro y asesinato de Zuleika, Yidid y Xouix Ávarez, de 7, 6 y 5 años respectivamente, hijos de un adinerado hacendado llamado José Jáder Álvarez.
El plagio se perpetró en el norte de Bogotá, los cadáveres aparecieron dentro de unos costales cerca de Gachalá (Cundinamarca) y esta historia resultó en extremo dramática para todos los involucrados. De los 14 hombres que desaparecieron en 1982, a cuatro los llamó a juicio el Juzgado Décimo Superior de Bogotá en 1983 por el crimen de los niños Álvarez. Uno de ellos era Édgar García Villamizar (amigo de Edilbrando Joya Gómez), quien resultó condenado cuando ya había sido desaparecido. Y, a su vez, José Jáder Álvarez fue acusado por la desaparición de 11 víctimas del Colectivo 82.
Lo que Asfaddes niega tajantemente, tal como lo hizo Ana Josefa Gómez de Joya siempre que tuvo chance, es que las víctimas del Colectivo 82 hubieran tenido responsabilidad en el episodio violento en que se segó la vida de los tres hermanos Álvarez. José Jáder Álvarez por su parte, se declaró inocente, fue absuelto y en 1985 resultó extraditado a EE.UU. y condenado. Pero Asfaddes insistía en que la desaparición de los universitarios era un asunto de toda la trascendencia, que en este crimen colectivo tenían que ver agentes del F-2 de la Policía, y decidió llevar el proceso ante el sistema interamericano.
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En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó este asunto en su informe anual y allí se lee otra versión de la desaparición del estudiante de ingeniería . Según los demandantes (las familias de las víctimas), Edilbrando Joya Gómez fue “testigo de excepción” del homicidio de Alberto Ayala, profesor de la Universidad Nacional, semanas antes de su desaparición. “A partir de esa fecha comenzaron a verse en los alrededores de la casa de habitación de Edilbrando, vehículos con características reconocidas como los utilizados para el servicio de la policía secreta F-2”.
“Todavía siento el dolor porque aún tengo en casa ese puesto desocupado (…) siento esta tristeza tan grande desde el primer día hasta hoy (…) desde entonces ha sido el sufrimiento, el dolor, el calvario”, manifestó Ana Josefa Gómez de Joya en el trabajo de grado de 2004 para el que dio su testimonio. Pocas apariciones en medios de comunicación hizo, pero sí habló con la revista Semana cuando el caso Colectivo 82 cumplió 30 años. “Todo ha sido una demora”, resumió ella en la entrevista al referirse a las investigaciones que se hicieron a raíz de las 14 desapariciones.
Dos días después de su desaparición, Edilbrando Joya Gómez, estudiante de sexto semestre de ingeniería mecánica, fue visto en Gachalá. Es decir, el mismo pueblo de Cundinamarca en cuya zona rural fueron hallados los cuerpos de los hermanitos Álvarez. Un hombre que lo conocía detalló a la justicia haberlo visto en la plaza esposado y bajo la custodia de miembros del F2. “La madre de Joya narró haber recibido información de un teniente de apellido Herrera, en el sentido de que su hijo se encontraba en instalaciones de la Brigada de Institutos Militares”.
No hubo piedra que Ana Josefa Gómez de Joya no levantara buscando a su hijo. Fue a hablar con el mayor que indagaba el proceso de los niños Álvarez, un hombre de apellido Vanegas, quien le dijo que no sabía nada de que el estudiante hubiera sido detenido, ofreció su ayuda y pidió una fotografía. Días más tarde, esa foto apareció en un periódico: Edilbrando Joya Gómez figuraba como uno de los autores del secuestro de Gloria Lara de Echeverry, el cual se cometió en junio de 1982. Al ver esa información, ella se fue a increpar al mayor Vanegas, quien rechazó tener que ver con el asunto de la foto.
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Desde 1987, vestida de negro, la madre de Edilbrando Joya Gómez fue a varios de los debates que se dieron en el Congreso para reconocer la desaparición forzada como delito en el Código Penal, lo cual ocurrió finalmente en el año 2000. Cinco veces vio cómo se hundía la iniciativa pero, en octubre de 1998, estuvo allí para ver cómo la iniciativa recibía luz verde en el Senado, en su primer debate. “Encontrar justicia es lo único que puede aliviar algo de nuestra pena, dijo ella entonces, según recogió el diario El Tiempo en su edición del 28 de octubre de ese mismo año.
Algunos uniformados alcanzaron a ser investigados por la justicia penal militar a raíz de la desaparición de universitarios, pero nada pasó. Ana Josefa Gómez de Joya tocó cuanta puerta se le ocurrió para que el caso de la desaparición de su hijo se conociera, pero nada pasó. En 2011, tras pronunciamiento de la CIDH, la Corte Suprema de Justicia admitió la revisión del proceso contra los militares que habrían desaparecido a su hijo, pero nada ha pasado. "Es una cosa que le lleva a uno hasta la muerte", dijo Ana Josefa Gómez en 2004. Catorce años después, a la muerte se fue sin saber de su hijo.