'Andrés Felipe Arias controló todo el proceso de AIS': Fiscalía

La jefe del ente investigador señaló que el exministro de Agricultura tenía “intereses” en la entrega de tres contratos.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal Viviane Morales presentó el escrito de acusación formal en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros dentro del proceso que se le adelanta por el escándalo del programa de Agro Ingreso Seguro.

La Fiscal General aseguró que el exministro conocía de las irregularidades del programa de Agro Ingreso Seguro y pese a esto “no hizo nada para corregirlo, ni impartió órdenes para su revisión”.

Según la exposición fáctica, Arias habría tenido “intereses ocultos” para firmar el convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y con el cual se entregaron los mayores subsidios de dicho programa a grandes empresarios “con la excusa” de que eran para el fomento de ciencia y tecnología, “algo que no era cierto”, según Morales Hoyos.

Igualmente aclaró que en la administración de Arias se firmaron tres contratos de manera irregular con dicho Instituto firmados en 2007, 2008 y 2009 por los valores de 3.200, 9.500 y 4.300 millones de pesos, respectivamente, los cuales suman cerca de 17.000 millones de pesos.

Arias Leiva fue cuestionado además por haber aprobado el desembolso de 26.500 millones de pesos en subsidios no reembolsables a proyectos que no cumplían con los requisitos exigidos por el proyecto.

La jefe del ente investigador llamó la atención sobre la existencia de los paneles de observadores y de expertos que operaban dentro del Ministerio de Agricultura y que eran los encargados de darle el visto bueno a la entrega de los subsidios.

“En muchas ocasiones el panel de expertos aprobaba proyectos que habían sido rechazados por los observadores y pese a que estaba demostrado que no cumplían la norma para hacerse merecedores de estos y solamente pedían unas modificaciones”, precisó la jefe del ente investigador.

Para el ente acusador, el también exprecandidato presidencial es responsable directo de la asignación a dedo de un contrato celebrado con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, pues la modalidad de contratación utilizada en este caso no llenaba los requisitos de Ley.

Aunque la cartera consideraba que el hecho de que se tratara de un contratista que funge como organismo multilateral y la naturaleza del convenio lo autorizaban a acudir a la contratación directa, la Fiscalía insiste en que debía convocarse a la licitación.

Para el acusador, el contratista no iba a cumplir meras labores de cooperación técnica y científica, como lo aducía el Ministerio, sino que el objetivo central era la administración de recursos públicos destinados al desarrollo de campañas publicitarias, en favor de los programas de riego y dragado ofertados por AIS; de ahí que fuera necesaria la selección objetiva.

El ente de control penal considera, además, que el programa terminó financiando de manera irregular a algunos proyectos de grandes hacendados. 

 

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