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La pelea de Andrés Felipe Arias para tener acceso a una segunda instancia acaba de llegar a la Corte Constitucional. Los magistrados Diana Fajardo y Alejandro Linares seleccionaron para revisión la tutela que interpuso este año el exministro de Agricultura en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo condenó a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Esta solicitud de revisión que había sido negado por las Salas Laboral y Civil del mismo alto tribunal. Si la Corte encuentra que a Arias le vulneraron sus derechos fundamentales, podría ordenar que le garanticen el acceso a una segunda instancia.
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En la solicitud de revisión Arias asegura que le estarían violando sus derechos fundamentales por haber sido enviado a prisión tras ser condenado en una sola instancia, pero ya la Sala Laboral y Civil coincidieron en el mismo argumento para negar la tutela: existe una “imposibilidad jurídica” para conceder las pretensiones de Arias. Es decir, para el momento en que la Corte profirió el fallo condenatorio en contra de Arias, la legislación colombiana no contemplaba el derecho a la segunda instancia de aforados, ya que esta modificación a la ley solo fue aprobada hasta 2018, mediante el Acto Legislativo 01.
El expediente fue seleccionado por su importancia jurídica. Y no es para menos, pues lo que suceda con la tutela del exministro Arias podría definir el futuro de otros aforados ―ministros, congresistas, entre otros altos funcionarios― que fueron condenados en única instancia antes de que entrara en funcionamiento el Acto Legislativo 01 de 2018, que creó la Sala de Instrucción y la Sala de Primera Instancia dentro de la Corte Suprema para ese fin.
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Uno de los que salió al paso al expediente dentro de la Corte Suprema fue el magistrado Luis Antonio Hernández, expresidente de la Sala Penal. “Si la Corte hiciera lo que el abogado le pide, la sociedad tendría razones para estar muy preocupada. ¿Qué tal la Corte removiendo sin facultad legal la firmeza de una sentencia y permitiendo su impugnación ante el organismo que a la Corte se le ocurra convertir en su superior jerárquico?”, cuestionaba Hernández en una misiva que le envió a sus colegas de la Sala Civil que revisaron el expediente en primera instancia.
En la carta Hernández recogía los argumentos que había expuesto en marzo de este año, cuando negó la impugnación de la sentencia condenatoria de Arias. En ese momento, la Sala Penal determinó que, para que el exfuncionario condenado por las irregularidades en el programa de Agro Ingreso Seguro pudiera impugnar su sentencia, el Congreso tenía que hacer una reforma constitucional en la que se contemplara la segunda instancia en los casos de aforados que fueron fallados antes de enero de 2018. Es decir, que la segunda instancia pudiera ser aplicada de manera retroactiva.
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Ya en el Congreso existe un proyecto de reforma a la Constitución, promovido por el partido Centro Democrático, para crear el mecanismo que sugirió la Sala Penal. La propuesta sugiere crear la Sala de Descongestión en la Corte, que funcionaría de manera transitoria (dos años prorrogables por dos años más), y estaría conformada por tres magistrados, para revisar los casos de condenados en única instancia por la Sala Penal. Además, se les daría un plazo de tan solo seis meses a las personas que deseen impugnar sus sentencias, contados a partir de la posesión de los magistrados de la Sala, según quedó consignado en el proyecto radicado por el partido.