Andrés Felipe Arias vuelve al país extraditado

El exministro de Agricultura se había radicado en Miami junto a su familia, en donde había pedido asilio. / Óscar Pérez - El Espectador

Andrés Felipe Arias intentó, de todas las maneras posibles, evitar el castigo que la justicia colombiana le impuso en 2014. Recurrió a todos los argumentos posibles para no cumplir con la condena que la Corte Suprema de Justicia profirió en su contra en 2014 por las irregularidades en la entrega de subsidios en el programa de Agro Ingreso Seguro, cuando fue ministro de Agricultura en el gobierno Uribe. Su estrategia, de la mano de los mejores abogados colombianos y norteamericanos, sin embargo, no le funcionó. El juez John O’Sullivan, en una corte del sur de la Florida, ordenó su regresó a Colombia para que cumpla lo que quiso evitar. Además, revocó su detención domiciliaria ordenó su detención mientras se estudia la apelación que Arias presentó ayer y se terminan de definir todos los detalles de su regreso al país.

(En video: El expediente de Andrés Felipe Arias)

El exfuncionario intentó, primero, defenderse en Colombia de las graves acusaciones que lo vincularon a la investigación por las anomalías que se presentaron a la hora de designar las ayudas del programa Agro Ingreso Seguro, que él mismo promovió en su ministerio. En el transcurso del proceso, que llevó a cabo la Corte Suprema de Justicia, Arias dijo una y otra vez que se trataba de una persecución política en su contra y de otros funcionarios de la cartera ministerial, e insistió en que era inocente de los delitos por los cuales terminó siendo condenado: peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. La condena a 17 años de prisión se conoció el 16 de julio de 2014 y, ante su primer fracaso por esquivar la justicia, hizo su segundo intento y huyó a Estados Unidos.

“El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural al celebrar los convenios desconoció los principios rectores de la función pública y de la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad”, explicó la Corte en su fallo y dijo que, además, Arias había actuado en pleno conocimiento de que lo que estaba haciendo era ilegal. Días después de que se conociera el fallo del alto tribunal, la Cancillería confirmó que el exministro se había radicado en Miami. Desde ahí empezó su segundo intento para evadir la condena. Entró en diálogos con autoridades estadounidenses para pedir asilo. El proceso comenzó y, como regla para que se estudiara su petición, Arias debía guardar absoluto silencio con respecto a sus líos judiciales.

Arias cumplió y durante dos años fue poco o, más bien nada, lo que se supo de él. Mientras tanto, sus principales seguidores y promotores siguieron en la defensa de su inocencia y ratificaban, cada vez que podían, que Arias no era sino una víctima de una persecución política del gobierno de Juan Manuel Santos. El expresidente Uribe, quien fue y ha sido uno de sus principales defensores, insistió en que Arias no se había robado un peso y pidió ayuda internacional. La justicia, por su parte, seguía comprobando que las irregularidades cometidas en la entrega de subsidios eran ciertas. En abril de 2016, un juez de Bogotá condenó a 12 años de prisión a los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture, quienes recibieron de manera irregular las ayudas del programa AIS.

(Vea: La pelea de Andrés Felipe Arias para no volver a Colombia)

El silencio del exministro se rompió en agosto de 2016 cuando autoridades estadounidenses llegaron hasta su casa, en un exclusivo sector de Miami, y lo detuvieron. Desde su cuenta de Twitter y en varios medios de comunicación, Arias volvió a explicar que su caso era político y dijo: “La injusticia cometida en mi contra ha sido utilizada para golpear a Uribe, para sacarme a mí del camino, para afectar la elección de Óscar Iván Zuluaga y, naturalmente, para debilitar a nuestro partido”. Con el exministro en prisión, en la corte del juez John O’Sullivan comenzó en firme el proceso para definir si debía ser extraditado o podía quedarse en Estados Unidos hasta que se definiera su solicitud de exilio. Allí le pidió al gobierno de EE.UU. que no permitiera su extradición.

En esa corte del sur de la Florida, Arias emprendió su tercer intento de eludir a la justicia colombiana. Su defensa presentó varios argumentos, uno de ellos el de la persecución política, para suspender la petición de extradición que había hecho el gobierno de Santos. Puso en entredicho el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Según Arias, entre estos dos países no existe ningún acuerdo vigente pues, el que se firmó en 1979 había sido revocado por la Corte Suprema en 1986. En este contexto, para el exministro y sus defensores ningún juez estadounidense tendría la potestad de aprobar su extradición. Y, entonces, Arias podría seguir con su vida en Miami y con su petición de asilo, lejos de los 17 años de prisión que tendrá que cumplir cuando pise suelo colombiano.

Durante las audiencias para definir su extradición, Arias utilizó otros argumentos para evitar su regreso a Colombia. Dijo, por ejemplo, que el juez O’Sullivan debía aplazar su decisión mientras en Colombia se investigaba el escándalo de corrupción en la Corte Suprema pues, aseguró, ese asunto podía afectar su condena. Explicó, además, que tenía pruebas para demostrar que estaba buscando asilo en Estados Unidos, un procedimiento prohibido por las leyes norteamericanas. Hasta que ayer, sin más estrategias a la mano, el juzgado ordenó su captura y su extradición. Sus abogados aseguraron, al finalizar la audiencia, que van a apelar la decisión y explicaron que van a ir hasta la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., si es necesario, para probar que Arias es inocente. Por ahora, el exministro pasa a ser un reo más en el pasillo de la extradición.