Aníbal Gaviria rinde indagatoria por investigación sobre la Troncal de La Paz

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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, asistió virtualmente a la indagatoria en la tarde de hoy para dar su versión sobre un contrato firmado en 2005, cuando estuvo a la cabeza de ese departamento por primera vez.

La diligencia a la que estaba citado el gobernador de Antioquia se adelantó tal y como estaba programada, de forma virtual. Hace una semana, una fiscalía delegada ante la Corte Suprema notificó al gobernador para que rindiera indagatoria sobre las supuestas irregularidades en torno a la firma de un contrato firmado en su primera administración.

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Las mejoras hechas en la vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio -más conocida como la Troncal de La Paz- le representó al erario una inversión de más de $41.000 millones. El meollo que tiene al gobernador en la mira de las autoridades corresponde a que a este contrato se le sumaron dos adiciones que juntas suman $28.000 millones, según el fiscal asignado para este caso.

La obra se mantuvo en construcción durante los siguientes dos períodos electivos de la Gobernación, hasta que finalmente se terminó en la administración de Sergio Fajardo. Lo que ha dicho la Fiscalía es que escuchará la versión de Gaviria para así determinar cuál sería la situación jurídica del gobernador. Después de analizar la indagatoria y corroborar las pruebas -con las cuales el gobernador afirmó estar confiado en su inocencia- esta instancia decidirá si será llamado a juicio o si finaliza la investigación.

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La citación llega cuando se cumplen los 100 primeros días de los actuales mandatarios locales en el país, gestión que ha sido eclipsada por la emergencia de la COVID-19. Sin embargo, esta indagatoria no es nueva para Gaviria, que también tiene una investigación andando sobre su papel en Hidroituango cuando fue alcalde de Medellín y su gestión alcanzó un 89 % de favorabilidad.  

Así mismo, durante su alcaldía en 2013, Gaviria fue acusado por el Alemán de haber recibido apoyo para su candidatura a la Gobernación en 2003 y rindió versión libre ante  la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.

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