Aplazan estudio de ponencia que pide anular reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador

Dos magistrados del Consejo de Estado pidieron la rotación del expediente para su análisis.

Después de cuatro semanas este martes se reanudó la Sala Plena en el Consejo de Estado en la que se va a debatir la ponencia de la magistrada Rocío Araújo en la que se pide anular la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación al considerar que el trámite fue inconstitucional e ilegal. 

Sin embargo, tras instalarse la Sala los magistrados María Claudia Rojas Lasso y Hugo Fernando Bastidas solicitaron la rotación del expediente para su estudio. Esta petición tuvo que ser aceptada por la Sala Plena hecho por el cual la diligencia judicial quedó aplazada.

El pasado lunes la magistrada ponente presentó su ponencia con las correcciones y adiciones solicitadas en anteriores salas. El documento señala que la reelección del Procurador General no existe en la Constitución Política ni en la ley, hecho por el cual Ordóñez Maldonado no podía haber sido elegido para un segundo periodo.

Igualmente señala que los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para participar en la audiencia en la cual se postuló el nombre de Alejandro Ordóñez Maldonado como su candidato a la terna para nuevo jefe del órgano de control disciplinario.

Pese a que ante la Sala Plena de la Corte Suprema presentaron sus respectivos impedimentos señalando que tenían a familiares trabajando en la Procuraduría los mismos no fueron aceptados, hecho por el cual pudieron participar en la votación en la que se aprobó el nombre del abogado santandereano.

Ordóñez Maldonado fue elegido por el Senado de la República el 27 de noviembre de 2012 con 80 votos a favor. Se posesionó para asumir el cargo por segundo período consecutivo el 7 de enero de 2013 ante el Presidente de la República. Es decir su período constitucional va hasta el 7 de enero del próximo año.

La historia de este proceso comenzó en enero de 2013, cuando 10 abogados, encabezado por Rodrigo Uprimny, presentaron una demanda contra la reelección de Ordóñez. Desde ese entonces, el caso ha sido tema de polémica y de demoras en el avance del proceso.

Una de los argumentos planteados en la demanda es que, cuando el Congreso debía votar para elegir al Procurador en 2012, se presentaron 28 recusaciones y 39 impedimentos por parte de congresistas que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público. Pero ninguna prosperó. Además, la tutela expresó que 59 de los congresistas que votaron por la reelección tenían conflicto de intereses.

En julio de 2014, el estudio del caso estaba a cargo de los magistrados de la Sección Quinta y estaba a punto de fallar en contra del Procurador, con la ponencia del magistrado Alberto Yepes, quien en un comienzo dijo que era legal el nombramiento de Ordóñez. Pero tiempo después cambió su ponencia y dijo que debía ser declarada nula. Justo antes de fallar, el magistrado Marco Antonio Velilla pidió que el tema se discutiera en la Sala Plena. Ahí vinieron más problemas: recusaciones, impedimentos -cuatro magistrados no votaron-, y solicitudes de nulidad.

Su solicitud fue avalada por los magistrados del Consejo de Estado y, en cuanto entró a la Sala Plena, aparecieron otros impedimentos, aclaraciones de voto, impedimentos, memoriales de la defensa y dos solicitudes de nulidad que presentó la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda.

A las demoras que se presentaron dentro del proceso, hay que sumarle los constantes cambios de los magistrados que terminaban con sus periodos. El año pasado, cuando el caso todavía se encontraba dentro de la Sala Plena, el alto tribunal tenía también que llenar nueve vacantes. Cuando por fin se completaron los despachos, el caso cayó en manos de la recién nombrada magistrada Rocío Araujo.

Con Araújo como magistrada ponente quedó anunciada la ponencia en contra de la reelección del procurador. La abogada rosarista, que terminó escogida tras una reñida elección con un delegado de la Procuraduría, empezó un lento itinerario, que incluyó la pérdida de un material clave de estudio, hasta configurar la ponencia de 250 páginas que en esencia plantea que Ordóñez fue reelegido de manera irregular, pues ni siquiera era viable.