:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/j92w7OjYLjdFIdOg06lgdWSfi5A=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZSMRRKPW7JEL7MOOGQWQ5OXEWA.jpg)
El ministerio de Hacienda ya aprobó los primeros $40 mil millones de pesos de un plan, que en los próximos días podría llegar a un presupuestos de $140 mil millones, para solucionar un faltante de al menos 10 mil cupos que tiene el Inpec para resolver el grave problema de hacinamiento en las cárceles y que llevó en días pasados a decretar la emergencia carcelaria.
Los encargados de ejecutar el plan serán los Ingenieros del Ejército quienes ya han sostenido al menos tres reuniones con el Inpec y el ministerio de Justicia, en las cuales se han comprometido a la construcción de unos centros penitenciarios basados en un sistema que se utiliza para el alojamiento de soldados y que es de muy rápida implementación.
El sistema que se denomina K-Spain, es utilizado normalmente en la instalación de bases militares por su ágil y rápida construcción. Eso es precisamente lo que ha llamado la atención del Gobierno, pues tiene urgencia de solucionar el problema carcelario y la propuesta del Ejército es de construir alojamientos para 76 reclusos en 30 días cada uno.
La idea nació del propio ministerio de Justicia en donde se enteraron de este sistema de construcción y de inmediato contactaron al ministerio de Defensa para ver la viabilidad de su utilización para centros de reclusión.
El plan avanza a marchas forzadas y ya la cartera de las finanzas aprobó la primera fase del presupuesto, por lo que los Ingenieros Militares ahora trabajan en el análisis de la propuesta de las eventuales regiones donde estarían ubicadas las cárceles y los batallones que se encargarían de construirla.
Inicialmente se ha pensado en Yopal, Casanare; Acacias, Meta; Fusagasugá, Cundinamarca; Medellín, Antioquia y Tierra Alta, Córdoba. De un total de nueve centros que se necesitarían a lo largo del país.
Ese es un tema que analiza una de las mesas de trabajo en que se han repartido el Ejército, Inpec y el Ministerio de Justicia y que deberán arrojar resultados inmediatos para comenzar a construir los centros penitenciarios a más tardar en la primera semana de julio.
Otro de los atractivos que tiene para el Gobierno, acudir a los militares, es el bajo costo de las construcciones ya cada alojamiento, para 76 personas (acomodadas en un área de 234 m2), tiene un costo de $300 millones con su respectiva batería sanitaria.
El detalle grande de este convenio al que se ha llegado con el Ejército es que sus alojamientos están pensados para batallones militares, por lo que en los campamentos donde se construyen no se implementan las medidas de seguridad que debe tener una cárcel.
Por eso una de las mesas de trabajo, liderada por el Inpec, analiza qué medidas de seguridad se deben implementar en esos nuevos centros y desde la primera reunión se determinó que sólo se alojarían a internos por delitos menores y de baja peligrosidad.
La cartera de Justicia había calculado inicialmente que bajo un sistema de construcción tradicional la construcción de cárceles para un cupo total de 10 mil internos podría demorar mínimo dos años y ante la premura con la que se tiene que solucionar el lío carcelario el sistema K-spain resultó una muy buna alternativa, pues buena parte de esos cupos podría estar solucionado antes de finalizar este año.
El Ejército calcula que con su capacidad actual podría solucionar el problema para unos 4 mil reclusos, por lo que otras de las mesas de trabajo analiza qué mecanismos utilizar para los 6 mil faltantes. Inicialmente el Gobierno y el Ejército se inclinan por contratar terceros para construirlos bajo el mismo esquema y bajo la coordinación del ministerio de Defensa.
Los Ingenieros Militares trabajan además en el análisis de determinar qué obras de las que que actualmente se encuentran adelantando deberían frenar para dedicar todos sus esfuerzos a la construcción de los nuevos centros penitenciarios.