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Mientras en todo el país hay una campaña permanente para que los motociclistas usen cascos de protección mientras manejan –el uso de casco certificado puede reducir las muertes en accidentes hasta un 42 %, dice el Ministerio de Salud–, en Arauca, departamento limítrofe con Venezuela, está ocurriendo lo contrario: “(Aquí) usar casco puede ser peligroso”, le dijo un líder comunitario a Human Rights Watch. Los guerrilleros de la zona están exigiendo a los usuarios de motos que se puedan ver sus rostros.
En 2019, la ONG estuvo en Arauca y Apure (estado venezolano al otro lado de la frontera con Colombia) e hizo 105 entrevistas a líderes, víctimas de abusos, actores humanitarios y funcionarios judiciales, entre otros. Se pidió información a autoridades colombianas y venezolanas. Y el resultado fue un informe de 69 páginas que lanza hoy titulado “‘Los guerrilleros son la policía’: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”.
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La conclusión de la organización es que tanto Arauca como Apure viven un complejo panorama por cuenta de los grupos ilegales que se han enquistado allí: el Eln y la disidencia las Farc llamada Frente Décimo Martín Villa, que operan principalmente en Arauca pero han cometido crímenes en Apure, y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), que está en Apure desde los años 90 y, según Human Rights Watch (HRW), “tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas” en esa región.
Las entidades de Venezuela se negaron a entregarle información a la organización, la cual indica que, al parecer, “los grupos armados tienen mucha más libertad de acción en Venezuela que en Colombia. En numerosas oportunidades, los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela. En vez de enfrentarlos, las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales han actuado en connivencia con los grupos armados en al menos algunos casos”.
La estela de violencia con la que estas guerrillas están ejerciendo presión sobre la población civil colombiana y venezolana es extensa, señala la ONG: “Los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersonales y han cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos (…) imponen ferozmente una serie de normas”.
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De ahí que la gente entrevistada por HRW asegure que, en esas regiones, la guerrilla es el equivalente a la Policía. De acuerdo con Human Rights Watch, “las autoridades colombianas han intentado reducir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando militares”. Esos uniformados, sin embargo, no llegan a proteger a la gente sino la infraestructura petrolera, por lo que “en numerosas partes del departamento no hay, prácticamente, ninguna protección para los residentes”.
El punto es, palabras más, palabras menos, que el Eln y la disidencia de las Farc que opera en Arauca están cometiendo toda clase de atropellos y abusos contra la población civil en la frontera entre Colombia y Venezuela, de Arauca a Apure, sin que la fuerza pública colombiana pueda detenerlos y sin que las autoridades venezolanas den siquiera luces de que estén haciendo algo para contenerlos. El desinterés de Venezuela de ayudar a HRW a recopilar información era previsible: desde 2008, esa organización no es bienvenida allí.
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Ese año, recuerda la propia HRW en este informe, un equipo suyo fue detenido y expulsado del país vecino y, desde entonces, las investigaciones en terreno de esa organización han estado limitadas por seguridad. Además, “las autoridades venezolanas no divulgan información ni estadísticas confiables sobre delitos en Venezuela y, ante la falta de independencia judicial en el país, tampoco hay estadísticas confiables del sistema judicial sobre investigaciones, juicios o condenas”, señaló HRW.
Arauca, históricamente, ha sido tierra de nadie. No en vano el Eln, a pesar de ser tan pequeña en términos de filas de combatientes, ha hecho de ese departamento del nororiente colombiano su retaguardia y su imperio. Este informe de Human Rights Watch es un campanazo sobre lo que está ocurriendo en terreno tras la firma del Acuerdo de Paz: cada día se hace más evidente que al Estado le está costando llenar los espacios que debía para evitar que el conflicto se reciclara.
La denuncia de HRW es preocupante: “Los grupos armados gozan de amplio poder y ejercen un férreo control sobre la población en Arauca y Apure” y sus abusos, que van desde homicidios hasta trabajo forzado, se perpetran a lado y lado de la frontera. Estos son algunos de los temas que documentó la organización.
1. Asesinatos
HRW resalta que los homicidios han aumentado en Arauca así: mientras en 2015 hubo 96, en 2018 fueron 160 (ahí en Arauca se dobló la tasa nacional de homicidios) y, entre enero y noviembre de 2019, 161. “El ELN y el grupo disidente de las Farc son responsables de la mayoría de los asesinatos en Arauca, así como del aumento de los índices de homicidio en el departamento”, dice HRW con base en cifras de Medicina Legal, entidad que señala que, en 2018, ambos fueron responsables del 58 % del total de los homicidios.::A un año del atentado en la General Santander, la reconstrucción continúa::
En este apartado, de nuevo, la ONG critica la ausencia de datos por parte del Estado venezolano, asegurando que no elabora “estadísticas completas ni fiables sobre índices de criminalidad en el país”. Por ende, dice, es “imposible” conocer realmente la magnitud de los homicidios en Apure. Lo que sí encontró HRW al Eln en ese estado. En septiembre de 2018, esa guerrilla habría ordenado el asesinato del jefe de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Guasdualito.
Entre 2018 y 2019, además, 19 cadáveres en Arauca fueron hallados con lo que sería la justificación de sus muertes: letreros de “informante”, “narcotraficante”, “violador”, entre otros. Y, en ocasiones, los cuerpos mostraban signos de tortura. Entre enero y agosto de 2019, Medicina Legal encontró 23 casos de esa naturaleza; en 2018 fueron 20 y en 2017 fueron tres. Las ejecuciones de defensores de derechos humanos también van en un aumento, pues mientras en 2017 apenas se registró un caso, en 2019 fueron seis.
2. Reclutamiento de menores
Ni los niños colombianos ni los venezolanos se salvan en Arauca ni en Apure: los disidentes y el Eln están reclutando a la fuerza. De Venezuela no hay información y parece que las FPLN no reclutan; en Colombia, no obstante, 14 casos se documentaron entre 2017 y 2019. El lío con este tema es, también, el subregistro. En 2017, la Fiscalía abrió 21 expedientes por reclutamiento, pero tal parece que solo en Saravena, de enero a marzo de 2019, 15 menores de edad fueron reclutados por exguerrilleros de las Farc.Con dinero o acceso a motos y armas, los grupos armados de Arauca están logrando este cometido. A veces los reclutan para que estén en las filas y participen en los combates; a veces, para que estén en cascos urbanos y cobren extorsiones o filtren información a quienes están en zonas rurales. Un ejemplo significativo de lo que ocurrió en esta zona se dio en julio pasado: 16 integrantes del Martín Villa se entregaron, de los cuales seis eran menores de edad, uno era venezolano y casi todos eran indígenas.
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Y, encima de todo, “los niños reclutados por el grupo disidente de las Farc enfrentan una situación incierta si desean escapar del grupo armado una vez que son adultos. Conforme al derecho colombiano, no existe vía legal si los adultos desean desmovilizarse y, a diferencia de los miembros del Eln, no son elegibles para los programas de reintegración. La disidencia de las Farc ha tomado represalias contra los guerrilleros que han intentado escaparse”.
3. Secuestros y desapariciones
“El ELN y el grupo disidente de las Farc (Frente Décimo Martín Villa) secuestran a civiles en Arauca y Apure, e incluso someten a las víctimas a trabajo forzado como castigo por violar sus “normas”, advierte Human Rights Watch. En Arauca van 24 secuestros desde 2017 hasta septiembre de 2019: en algunos casos fueron de tipo extorsivo y, en otros, a las víctimas las sometieron a trabajos forzados, especialmente en Apure. Asimismo, entre las víctimas de este flagelo se registran miembros de la fuerza pública colombiana.Igualmente, reporta HRW, “la cantidad de personas desaparecidas ha aumentado en Arauca”. En 2017, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, se reportaron ocho casos, al año siguiente ya eran 14. En Fiscalía los números son otros, pues hay bajo investigación 46 casos de presunta desaparición forzada en ese departamento desde 2017. “Algunas de las personas denunciadas como desaparecidas han reaparecido tras meses de trabajo forzado en fincas o campamentos guerrilleros” como forma de castigo.
Por todo esto, la ONG le da algunas recomendaciones al gobierno del presidente colombiano, Iván Duque. A Duque, lo primero que le pide es “incluir en la Zona Estratégica de Intervención Integral de Arauca una estrategia de las fuerzas de seguridad que respete los derechos humanos y que esté orientada a proteger a la población civil de la acción de los grupos armados”, dar más apoyo a los fiscales en terreno y asignar más personal a la Unidad Nacional de Protección en Arauca, entre otros.
También le pide adelantar campañas con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil para erradicar la xenofobia en ese departamento fronterizo, pues, según documentó esta organización, el rechazo hacia los venezolanos “es particularmente evidente en Arauca”, al punto que la gente del común los culpa por los aumentos de índices delincuenciales. “La xenofobia es un fenómeno muy extendido en Arauca y ha originado algunos incidentes de violencia contra venezolanos”, reitera la ONG.
A la Fiscalía, Human Rights Watch le propone designar más fiscales e investigadores para investigar los delitos que documentó en este informe, así como para indagar en las denuncias de corrupción local o en las supuestas alianzas entre autoridades y grupos al margen de la ley. Y a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela le pidió, sobre todo, “investigar la colusión de las fuerzas de seguridad venezolanas en abusos cometidos por grupos armados”.