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El 30 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Medellín, en su Sala de Justicia y Paz, compulsó copias a la Fiscalía para que investigara al ganadero Santiago Uribe Vélez por presuntamente haber financiado al llamado Frente Suroeste, una estructura paramilitar. La petición se originó porque varios testigos afirmaron que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez habría sido un contribuyente de esa organización. Casi tres años después, la Fiscalía General estimó que no hay mérito para abrir una investigación formal contra el ganadero y le archivó el caso. Uribe Vélez está en juicio por presunta conformación del grupo ilegal llamado “Los 12 Apóstoles”.
La decisión de archivo de 32 páginas la tomó el fiscal 128 delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializados, del Subgrupo No. 1 del Grupo de Compulsa de Copias Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. Este caso se remonta al proceso adelantado en contra de Rodrigo Alberto Zapata, alias Ricardo o Care Monda, quien se desmovilizó del Bloque Calima de las Autodefensas en diciembre de 2004 y quien también lideró un frente en los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí, que fue conocido Frente Suroeste y que es distinto al Bloque Suroeste que comandó Aldides de Jesús Durango alias Rene y/o El Indio. En la citada sentencia, que lo condenó, se reseñan apartes de su testimonio contra Uribe Vélez.
El Tribunal reseña el testimonio de Rodrigo Zapata Sierra así: “en el caso de Santiago (Uribe Vélez) yo quisiera hacer una aclaración que, por parte de Bigotes, un señor que estuvo encarcelado en España hasta hace poco, era socio de una pesebrera de Juan Diego Vélez, hermano de Germán Vélez, primos del doctor Álvaro Uribe Vélez y de Santiago. Él me llamó a mí para ver la posibilidad de que no se le pidiera plata a Santiago Uribe y se accedió a no seguirle pidiendo plata (…) pero para aclararle que en tema de voluntario debió haber aportado voluntariamente, pero después mandó una razón de que no iba a seguir aportando porque no le daba el negocio”.
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El Tribunal agregó que Jorge Escobar, amigo de Sierra Zapata, transmitió la petición de Santiago Uribe de no volver a aportar dinero a la organización, petición a la que accedió diciendo “yo mando la razón de que no vuelvan donde él a la ladrillera por la plata y ya”. El desmovilizado Alberto Zapata Sierra en otra ocasión ya había señalado a Santiago Uribe como supuesto contribuyente de la organización, según la Fiscalía “el postulado Zapata Sierra refiere a un ciudadano de nombre Santiago Uribe, dueño de la Ladrillera Ambala de Amaga (sic) como una persona que realizaba aportes a la organización”.
La Fiscalía señaló que en efecto dicho Frente Suroeste existió y que “no se estableció que el señor Santiago Uribe Vélez se hubiese reunido con integrantes de esa organización ilegal, ni que se hubiese concertado con estos para acordar una suma de dinero a manera de contribución. No fue posible establecer que este solicitara algún tipo de protección ni que ejecutara una conducta que contraviniera el orden punitivo”. Y aseguró que no hay certeza de que se hayan hecho contribuciones voluntarias de parte de civiles, como Uribe Vélez, ni los montos ni periodicidad. “Se ignora en que casos fue voluntaria y en cuales correspondió a una exacción o impuesto”.
“En cuanto a la hipotética responsabilidad que le podría caber al Señor Santiago Uribe Vélez, no está claro de si este aportó o no. Si tomamos su versión y lo contrastamos con los testimonios de los representantes legales y administradores de las plantas de ladrillo en ese sector, veremos que todos ellos y de forma unísona han sostenido que nunca se les solicitaron dineros ni a esas empresas se presentaron sujetos representantes de ese grupo paramilitar”, dice el documento en poder de El Espectador.
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La Fiscalía aseguró que sí está probado que algunas personas contribuyeron financieramente al funcionamiento de ese grupo ilegal, que inicialmente se denominó como Grupo Romeral solo en el municipio de Titiribí y que posteriormente mutó al nombre de Frente Suroeste cuando se le agregaron los municipios de Amagá y Angelópolis. Los dineros se recogían “de gente del comercio” y provenían de “exacciones o contribuciones forzosas, al igual que de aportes voluntarios provenientes de finqueros y ganaderos de esa región del departamento. Para el efecto se ha mencionado la participación voluntaria de los señores Pedro David y Santiago Gallón Henao, este último condenado precisamente por contribuir también a un grupo ilegal que operaba en el nordeste antioqueño”.
Igualmente, se menciona a Héctor Javier Restrepo Santamaría, “de quien se estableció fue un narcotraficante amigo del Señor Vicente Castaño y él cual, pretendiendo burlar las autoridades, obtuvo un cupo para desmovilizarse como integrante raso de esa organización”. No obstante, dice la Fiscalía, no se encontró evidencia de que la Ladrillera Ambala, de propiedad de Santiago Uribe Vélez, sirviera a los fines de esa organización ilegal. Para llegar a esta afirmación, el ente investigador escuchó en declaración al ganadero el 14 de septiembre de 2020 y en la diligencia este insistió en que no suministró dinero a grupo ilegal alguno.
Además, dijo que mientras estuvo al frente del manejo de la Ladrillera Ambala nunca recibió amenazas, llamadas o comunicados extorsivos por parte de una agrupación armada. Y señaló que no conoció a Rodrigo Alberto Zapata y que no le pidió a este protección para su empresa. Por su parte, dijo la Fiscalía, Zapata Sierra declaró ante la Fiscalía y “señaló no conocer a Santiago Uribe Vélez ni se reunió con este en ocasión alguna. Sobre el manejo de las finanzas de ese grupo señala que a pesar que el señor Vicente Castaño le encargó el manejo de ese grupo, desconoce cómo operaba este, pues más que financieros lo que habían allí eran recolectores”.
El desmovilizado, reseñó la Fiscalía, afirmó “que en una ocasión el señor Jorge Escobar le manifestó que, a una ladrillera de propiedad del versionado, le estaban solicitando quinientos mil pesos mensuales, solicitándole que no se le cobrará ese dinero. Dice este que de ese hecho procedió a enterar al Señor Vicente Castaño, quien le dio la orden de no cobrar esa suma a ninguna empresa ladrillera del sector”. El postulado Arley Hoyos Artunduaga, por su parte, dijo que las ladrilleras pagaban aportes por presión, así como las minas de carbón y las canteras de piedra. Incluso yo hice cerrar una cantera de piedras porque no había pagado y tuvo que pagar diez millones de pesos. Eso quedaba adentro de Angelópolis y creo que se llamaba La Piedrera”.
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Luis Horacio Hernández, administrador de la Ladrillera La Ferrería, relató cómo los paramilitares ingresaron arbitrariamente a esas instalaciones y se hurtaron las motocicletas de los trabajadores pero dijo que no fue objeto de extorsiones. Lo mismo dijeron German Uribe Correa, exgerente de la ladrillera La Ferrería; Francisco Javier Medina Tirado, propietario y representante legal de la ladrillera Alfarera Suroeste; Y Mauricio Vélez exgerente de la Ladrillera Ambala. De otro lado, un investigador del CTI elaboró un informe sobre las redes de apoyo del grupo paramilitar en el se dijo lo siguiente sobre Santiago Uribe Vélez, teniendo en cuenta la primera versión de Rodrigo Alberto Zapata Sierra, en 2014, y no la de este año:
“Santiago Uribe Vélez tenía una ladrillera por minas en Amagá, en el año 2001, Santiago Uribe se le cobraba un millón mensual, porque no era de gratis y Juan Diego intervino para que no se le cobrara el millón. Como en el año 2001 y 2002 pero ya luego no se le siguió cobrando…. El aporte de Santiago era más bien exacción, a la “Ladrillera Ambala”. Con esa información, la Fiscalía dijo que no hay señalamientos de personas o pruebas que vinculen al ganadero Uribe con esa organización ilegal y que no se probó que hubiera aportes y si los hubo, que fueran voluntarias.
“Estamos en un punto en el que los miembros de aquella agrupación ilegal han sostenido la existencia de aportes voluntarios mensuales, mientras que los representantes legales y administradores de plantas han sostenido totalmente lo contrario, lo cual nos lleva a un punto de quiebre en el que hemos de sostener que si bien en todas las regiones del país, grupos paramilitares se fortalecieron con las contribuciones voluntarias de particulares o empresas, en el presente evento esta circunstancia no encuentra respaldo dentro del material probatorio obrante en el legajo”, aseguró la Fiscalía.
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