‘No hay lugar para estar interviniendo a magistrados’: Germán Vargas Lleras

Reiteró su diposición de diálogo con el poder judicial, tras el encuentro con el magistrado Mauricio González Cuervo.

El designado ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, deploró el contenido de las nuevas revelaciones respecto a la persecuión ilegal de la que han sido blanco los magistrados y prometió absoluta fraternidad en las nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial, al cierre de su encuentro con el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo.

Con un abrazo a quien fuera su profesor, Vargas Lleras reiteró su voluntad de buscar la concertación con las máximas corporaciones jurídicas antes de llevar a trámite una reforma de la Justicia, en la que ha planteado la necesidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, la creación de una jurisdicción especial para la extinción de dominio, entre otras propuestas que ha lanzado a título personal. 

El nuevo jefe de la cartera reiteró varios de los aspectos puestos al debate en la reunión con la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia celebrada el viernes anterior, en la que dijo que la reforma judicial que se tramitará próximamente en el Congreso de la República no se producirá hasta tanto no haya un previo acuerdo con los magistrados de las altas cortes.

Entonces precisó que sigue considerando impertinente incluir la iniciativa de dejar bajo el resorte exclusivo del Ejecutivo la responsabilidad de elegir al nuevo Fiscal General de la Nación y agregó que tampoco es prudente, a su juicio, seguir manteniendo la existencia del Consejo Superior de la Judicatura.

Para Vargas Lleras, las funciones de la Judicatura en materia administrativa deben ser suplidas por un nuevo órgano integrado por los presidentes de las altas cortes, que deberán nombrar a un gerente.

A su vez, considera que la función disciplinaria de esta Corporación debe radicar en los superiores jerárquicos de cada jurisdicción, es decir que las salas disciplinarias de cada uno de ellos y los colegios de abogados, serían las responsables de vigilar las actuaciones de los juristas.

El nuevo jefe de la cartera política y judicial precisó que el proyecto también debería contar con propuestas como la creación de un código único de procedimiento, que contenga las funciones penales, administrativas y civiles, con el fin de generar practicidad en el conocimiento de cada una de las jurisdicciones.

Añadió que la tutela no puede ser un vehículo para controvertir sentencias judiciales, y de ahí la necesidad de reformarla, y que la congestión de la Rama, eventualmente, podría ser revertida si, por ejemplo, se otorgan facultades especiales a los notarios para asumir competencias jurídicas, en ese sentido.

Vargas Lleras señaló, de la misma manera, que es innegable el compromiso que tiene la institucionalidad colombiana para contar con una jurisdicción especial en materia de extinción de dominio, pues los hechos demuestran que no ha sido ágil la manera como los organismos de Policía Judicial han venido cumpliendo esta labor de intervención en los bienes adquiridos mediante el desarrollo de actividades ilícitas.