Procuraduría absuelve a ex senador Araújo por parapolítica

Por los mismos hechos, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 112 meses de cárcel.

Por falta de evidencias, la Procuraduría General de la Nación absolvió al ex senador Álvaro Araújo Castro de todo cargo disciplinario, dentro de la investigación que se adelantaba por el escándalo de la ‘parapolítica'.

Pese a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años y tres meses de prisión, el Ministerio Público consideró que no había evidencias contundentes, que demostraran la vinculación del ex congresista con las Autodefensas.

“Dentro del proceso no existió prueba suficiente para determinar la existencia de convenios o acuerdos previos entre el ex Senador y los grupos paramilitares en el Departamento de Cesar, tendientes a impulsar su candidatura a cambio de recibir algún tipo de favorecimiento legislativo”, señaló el Ministerio Público.

En concepto de la Corte, los vínculos que el hoy condenado mantuvo con Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", fueron determinantes para la obtención de 19 mil votos con los que lo respaldaron los sufragantes del Cesar en los comicios de 2002.

En 2007 el ex parlamentario fue acusado formalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia, ante lo cual Araújo Castro decidió renunciar a la investidura, en procura de que la Corporación no siguiera actuando en el proceso y fuese manejado por la justicia ordinaria.

Luego de que el caso fuera abordado por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, donde se agotó la etapa de juicio, la Corte reasumió el caso, en virtud a que retomó una vieja jurisprudencia que la facultaba para continuar juzgando a los funcionarios públicos que hubieran renunciado al fuero, siempre y cuando fueran procesados por delitos relacionados con sus funciones como servidores estatales.

Cabe recordar que el ex senador, al igual que su padre Álvaro Araújo Noguera, habían salido airosos de una investigación que se les adelantaba como presuntos responsables del secuestro del dirigente de la Región, Víctor Ochoa Daza, hecho frente al cual la Corte había pedido investigar a la Fiscal que tuvo a su cargo el caso.

El plagio había sido ordenado por alias "Jorge 40" poco antes de las elecciones parlamentarias de 2002, según se dijo, para asegurar la configuración del panorama electoral fijado previamente por las Autodefensas en el Caribe colombiano.

Adicionalmente, la Corporación inició una investigación preliminar en contra del ex dirigente, como presunto responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, como quiera que la Corte considera que la alianza establecida entre el grupo armado y la clase dirigente, en algunos casos, pudo derivar en la consolidación del aparato armado de las Autodefensas.

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