Ex director de la UIAF vuelve a prisión

Un juez con funciones de conocimiento le revocó la detención domiciliara a Mario Aranguren.

A la Cárcel La Picota de Bogotá sería trasladado el ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren, tras la decisión del Juez 13 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá de revocarle el beneficio de la detención domiciliaria.

El titular de ese despacho consideró infundada la determinación del Juez Octavo Penal con Funciones de Control de Garantías de la Capital, que le había otorgado la sustitución de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario; el Juez de segundo grado dio crédito a los alegatos de la Fiscalía, que tildaba de inexacta la determinación inicial.

Para el Juez de Conocimiento, los hechos materia de investigación revisten la mayor gravedad, por tratarse de una presunta empresa criminal que funcionaba desde el mismo Estado en contra de los representantes de dos de sus poderes; tan es así, que comparó el caso con el escándalo de Watergate, en los Estados Unidos, donde se comprobó la manera como el ex presidente Nixon interceptó ilegalmente a su contendor demócrata por la máxima magistratura del Gobierno.

El imputado es sospechoso de haber hecho parte de la empresa criminal destinada a promover seguimientos irregulares contra magistrados y líderes opositores que se fraguaron desde algunos organismos de inteligencia bajo la tutela del Gobierno, según la investigación adelantada por la Fiscalía.

La defensa acudió al recurso, luego de que la Juez 52 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá determinara enviar a prisión a los imputados, presuntos responsables de los cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad.

Para el fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, es claro que el haber iniciado esta persecución buscaba, a como diera lugar, que los magistrados de la Corte fueran vinculados con actividades ilícitas, pues fueron blanco de investigaciones que no contaban con sustento probatorio y que estuvieron sustentadas incluso en información de prensa sin ninguna validez jurídica.

Según los datos obtenidos por el Fiscal del caso, fue la Presidencia la que impartió las órdenes para filtrar a algunos periodistas la información obtenida en los seguimientos, pese a su escaso valor probatorio; de ahí los artículos de prensa en los que se dio cuenta del supuesto vínculo existente entre el ex presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez y Ascencio Reyes, sindicado de mantener vínculos con el italiano Girogio Sale, acusado de narcotráfico.

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