Niegan libertad a implicados en 'chuzadas' al magistrado Iván Velásquez

En segunda instancia, se confirmó la procedencia de la detención.

Detenidos deberán permanecer un agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, y dos de la Sijín de la Policía, acusados de interceptar ilegalmente las comunicaciones del magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema, Iván Velásquez, luego de que el Juzgado 23 con funciones de Conoocimiento de les negara la libertad.

La medida afecta al agente del CTI, Aldo Francisco Pérez Llosa, y los intendentes de la Sijín, Ferney Enrique Galvis Rojas y Osvaldo Villamil Torralba fueron acusados de fraude procesal, falsedad en documento público, violación ilícita de comunicación y concierto para delinquir.

Los uniformados están involucrados en la aparente expedición de una orden judicial falsa, con el fin de interceptar las comunicaciones del magistrado Velásquez, uno de los más visibles investigadores de la parapolítica, por un asunto relacionado con la extorsión a un campesino, en el cual el funcionario judicial no tenía ninguna insidencia.

Los tres fueron detenidos y asegurados el 27 de noviembre de 2009, poco más de dos meses después de que la Fiscalía General de la Nación alertara la manera como la plataforma Esperanza había sido utilizada irregularmente, en el marco de las llamadas "chuzadas" ilegales de las que fueron víctima, en este caso, el magistrado y la directora Delegada de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Alexandra Valencia.

La defensa consideraba que el hecho de que se hubiera agotado el plazo de 90 días que la legislación penal le otorga al Juez para empezar a agotar la etapa de juicio hacía merecedores a los acusados de recuperar su libertad, hecho que el operador jurídico consideró infundado, al manifestar que la mayor parte de ese tiempo fue consumado en el conflicto de competencias alegado por los apodarados de los indiciados.

Mientras que uno de ellos alegaba que la competencia radicaba en un Juez Penal de Fusagasugá, otros de los abogados se empecinaba en precisar que era la Justicia Penal Militar la que debía cursar la actuación, lo que deribó en una larga discusión jurídica entre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que aduciendo falta de competencia se enviaban el caso entre sí, ahsta que este último organismo optó por devolver el proceso al Juez de origen.

De esta manera, el operador jurídico confirmó la determinación de su par de primer graddo, el Juzgado Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías de la capital, que desestimó los requerimientos de los apoderados de los implicados, dando cuenta de similares argumentaciones.

Este calvario comenzó a gestarse desde el 8 de febrero pasado cuando los defensores de los uniformados llamados a juicio manifestaron que el proceso, por competencia, debía ser asumido por la Justicia Castrense, en tanto que agregaron que, en todo caso, uno de los supuestos delitos había sido cometido en Fusagasugá, Cundinamarca, por cuanto era un Juez de ese Distrito y no de Bogotá quien lo debía conocer; de allí, el tema pasó a la Corte Suprema de Justicia.

El 17 de marzo, la Sala de Casación Penal se declaró inhibida o, dicho de otra manera, se abstuvo de conocer la supuesta colisión de competencias por considerar que lo que estaba en juego era simplemente el conflicto entre un Juez Militar y uno Ordinario, por cuanto optó por remitir la actuación a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que era la facultada para definir conflictos de esa naturaleza.

Ocho días tardó la Sala en pronunciarse, desestimando también su competencia, al precisar que la colisión estaba dada por un factor territorial entre un Juez de Bogotá y otro de Fusagasugá y no del aludido conflicto entre dos jurisdicciones, lo que la llevó a devolver el proceso al Juez de origen.

A su turno, el Juez Octavo Penal de Bogotá calificó de equívoca esta determinación y, no obstante, decidió remitir el proceso al Juez Penal del Circuito de Fusagasugá, tratando de casar un conflicto de competencias por factor territorial, de carácter negativo, si se tiene en cuenta que era el mismo operador que llevaba el proceso el que optó por enviárselo a su par de esa municipalidad.

El Juez de Fusagasugá también cuestionó su propia competencia en el caso y determinó que lo propio era que la Sala Disciplinaria de la Judicatura resolviera el tema; sin embargo, este organismo devolvió la discusión a la Corte y ordenó la compulsa de copias para que se iniciara una investigación en contra del operador jurídico de Bogotá por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por su presunta prestancia para la dilación del caso.

Por segunda vez consecutiva, la Corte Suprema emitió idéntico pronunciamiento y volvió a pedirle a la Sala Disciplinaria que resolviera la colisión, pues no era facultad suya el conocer este tipo de conflicto; el pasado 10 de mayo el efecto rebote continuó haciendo presencia, al remitirse el caso nuevamente a la Corte y esta devolverlo por tercera ocasión.

Finalmente, la Judicatura, al comprobar que no estaba casado el conflicto entre Jurisdicciones y que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tampoco consideraba que hubiera surgido conflicto entre distritos, decidió remitir la actuación nuevamente al Juez de origen para que siga adelantado el juicio, en concordancia con lo expuesto por el Juez 23 con Funciones de Conocimiento de Bogotá en audiencia celebrada este viernes.

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