Sancionan a Juez que falló tutelas contra Cajanal, con amparo de la Judicatura

Esta última había ordenado el cumplimiento de las sentencias, pero el operador fue sancionado por exigir embargos.

Un choque de trenes se originó con la sanción de un Juez que concedió tutelas en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, luego de que la Sala Disciplinaria de la Judicatura le había dado la razón al disciplinado a través de otro fallo de tutela.

Se trata del Juez Segundo Civil de Magangué, Bolívar, Arnedys José Payares, quien amparó los derechos de 95 maestros que reclamaban su derecho a la pensión, por un valor global de 21.000 millones de pesos, lo que motivó en su contra una suspensión de tres meses por parte de la Sala de Descongestión del Atlántico.

Sin embargo, la Sala Disciplinaria de la Judicatura había confirmado la validez de la determinación del operador jurídico, tras revocar la decisión del Seccional de Cundinamarca que, a su vez, había negado una tutela por violación al debido proceso, igualdad y derecho la seguridad social que había interpuesto el defensor de los profesores, Andrés Felipe Mahecha Reyes.

La Judicatura había precisado que no había lugar a desconocer la decisión del Juez de reconocer los derechos de los maestros, toda vez que la acción en cuestión había hecho tránsito a cosa juzgada sin que la Corte Constitucional la hubiera escogido para revisión.

Pese a que esa determinación del Consejo Superior instaba al cumplimento de la tutela fallada por el Juez de Magangué, la Sala Dual de Descongestión del Atlántico consideró que éste había errado, pues además había ordenado el embargo de las cuentas de Cajanal que, por ser estatales, se consideraban inembargables.

En mayo, cuando ElEspectador.com indagó a la presidenta de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Julia Emma Garzón de Gómez, respecto al tema, la funcionaria precisó que la decisión de ese órgano, respaldando la postura del Juez, no se refería a las medidas cautelares dictadas por él respecto a los recursos estatales.

A su turno, el defensor de los maestros alegaba que, según la sentencia T-262 de 1997, emitida por la Corte Constitucional, el carácter de inembargabilidad de las cuentas del Estado no era ilimitado.

"Si ese carácter absoluto de la inembargabilidad pudiera predicarse, cobijando aún los casos en que el embargo busca garantizar el pago de acreencias laborales, se violaría el artículo 25 de la Constitución, por contradecir la especial protección que él consagra a favor del trabajo", dice la determinación.