Judicatura suspende a Juez de Córdoba por caso Telecom

La procesada ordenó el pago de acreencias laborales por más de $720 millones por vía tutela.

Suspendida durante tres meses deberá permanecer la juez Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, María Auxiliadora Vergara, luego de que el Consejo Superior de la Judicatura le dictara pliego de cargos por haber ordenado el pago de acreencias laborales contra ex trabajadores de la desaparecida Telecom por más de 725 millones de pesos.

Para la Sala Disciplinara, la funcionaria, actuando como Juez de tutela, no podía dar orden de pago de los dineros, pues ese tipo de acciones buscan única y exclusivamente la protección de un derecho garante de la existencia del ciudadano que no sea exigible por otra vía, que no era el caso de los demandantes.

La Judicatura, en este caso, intentará establecer si, efectivamente, la Juez incurrió en esa actuación, en cuyo caso se haría merecedora a una sanción por falta gravísima, que aún está por ser demostrada, toda vez que su separación del cargo es de carácter provisional.

Al parecer, los interesados contaban con una herramienta jurídica expedita para alegar sus exigencias, cual era la jurisdicción ordinaria laboral y no un Juez Constitucional, como predicaba el papel jurídico desempeñado por la procesada en este caso.

"(...) Se desconoció el principio de ‘juez natural' dado que legalmente y de manera exclusiva corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de procesos que busquen la protección de derechos laborales y de fuero sindical", sostuvo la Judicatura.

Además, para la Sala tampoco era viable dar crédito a los denunciantes en torno a su irregular exclusión del plan de pensión anticipada, encaminada a que se les cancelasen mesadas supuestamente adeudadas desde 2006, dado que habían sido liquidados e indemnizados en debida forma "y por tal razón no tienen derecho al amparo reconocido".

Adicionalmente, la presentación de la acción no cumple con los principios de inmediatez que exige la Constitución como requisito para dar trámite al estudio, toda vez que fue presentada tres y hasta seis años después de ocurrida la supuesta violación a los derechos fundamentales de los accionantes a la vida - mínimo vital, igualdad, seguridad social y pensión.