Seis años de cárcel a pareja que lavaba dineros mediante textileras

Utilizaron más de 20 empresas fachada para ocultar la procedencia ilícita de parte de su patrimonio.

Durante 72 meses deberán permanecer presos Delia Navarro de Daccareth y su esposo Jonny José Daccareth Giha, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la sentencia condenatoria en su contra por haber utilizado 20 empresas de textiles como fachada para ocultar la procedencia ilícita de parte de su capital.

En 1992, a través de la entonces novedosa acción de tutela, Daccareth Giha se había librado del pago de más de 1.000 millones de pesos, como producto de una sanción pecuniaria por reportar exportaciones ficticias por más de 12 millones de dólares de la época.

A través del mismo mecanismo, el empresario pretendía hacerse a más de 1.400 millones de pesos como producto de Certificados de Reintegro Tributario, Cert, pero el Banco de la República y Proexport entregaron pruebas que demostraban la inverosimilitud de las transacciones.

En este caso, con ponencia de la magistrada María del Rosario González de Lemos, la Sala Penal ratificó la determinación del Tribunal Superior de Barranquilla de declararlos penalmente responsables del delito de lavado de activos.

Pese a que Daccareth Giha había sido condenado en Estados Unidos por conspiración y distribución de marihuana en 1979, el Juzgado Único Penal Especializado de la capital atlanticense consideró inconsistentes las pruebas en contra de los hoy condenados, entre ellas un informe presentado por el Departamento de Estado del país norteamericano, y en su lugar los absolvió de la acusación el 13 de marzo de 2007.

La Procuraduría insistía en que la conversación telefónica que tuvieron los esposos el 14 de abril de 2009 era una prueba fehaciente de su interés en ocultar la manera como iban acumulando su patrimonio, toda vez que allí dejaban ver su temor ante eventuales actuaciones de seguimiento de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en virtud a una queja presentada por uno de sus trabajadores ante el entonces Ministerio del Trabajo.

Para la Sala, sin embargo, esta interceptación no guarda trascendental valor probatorio como sí lo tiene el que los Daccareth se hayan negado a presentar la documentación que acreditara la procedencia de al menos 900 millones de pesos, que no guardaban relación con el desarrollo de los negocios adelantados a través de las cerca de 20 empresas textileras de su propiedad.

El defensor de los procesados pretendía endilgar a la Coordinación de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía la responsabilidad de no haber confrontado el contenido de las interceptaciones con la documentación referente a los estados contables de las firmas, pero la Corte retomó la posición del Tribunal Superior de Barranquilla según la cual se había tornado imposible la comparación, debido a que la pareja se había negado a facilitar ese tipo de información.

Para la Sala Penal, era evidente que el propósito de la pareja era ocultar que empresas como Contela, Distitex, Sombratex, Texarco, Textiles El Sol, Textiles Conos Ltda., Inversiones Galaxy, Tempocaribe, Umano Jeans, Inversiones Dana, entre otras eran utilizadas como un método para dar apariencia de legalidad a la adquisición de recursos provenientes de la ilicitud.

Adicionalmente, la Corporación aclaró que el proceso de extinción de dominio al que están siendo sometidas las propiedades, a manos del Juez Primero penal Especializado de Descongestión de Bogotá, jamás fue tenido en cuenta como valor probatorio dentro del actual proceso.

Además de los seis años de prisión, la pareja Daccareth fue inhabilitada en el ejercicio de funciones públicas durante el mismo lapso y les fue ordenado el pago de 500 salarios mínimos mensuales vigentes.