Tres mitos sobre la tierra

Colombia tiene un oportunidad dorada para reformar sus instituciones y acabar con el conflicto agrario. Pero debe superar ciertas taras. 

Uno de los problemas estratégicos que ha enfrentado históricamente Colombia es el de las tierras.  En los últimos lustros, la situación ha empeorado dramáticamente. El Gini rural, una medida convencional de desigualdad, ya sobrepasa niveles inverosímiles (0,8). Según cálculos de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, la población desplazada perdió 5,5 millones de hectáreas a punta de bala. Esta cifra corresponde al 10,8% de la superficie agropecuaria del país. Junto con compras ilegales —muchas veces realizadas a precios por debajo del mercado, bajo amenaza—, esto significa una gigantesca transferencia de recursos de manos de campesinos trabajadores a ‘narcos’, paramilitares y otros agentes criminalizados.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al declarar que “hay que meterle el diente” al problema y “restituirles las tierras” a los desplazados, pone sobre el tapete el problema de la propiedad rural.  Aquí queremos despejar tres mitos que, de adquirir carta de ciudadanía, seguirían bloqueando una situación que actúa como un peso muerto sobre todos nosotros:

1 El sistema político colombiano ha estado cerrado a cal y canto, no es posible precipitar cambios. Como las reformas del pasado fracasaron, las próximas también lo harán.

Falso. Ante todo, ¿cuántas veces antes de los hermanos Wright se intentó volar? Decenas. Y la gente, por fortuna, siguió tratando. En realidad, ha habido numerosos intentos de cambiar una situación que ya en las primeras décadas del siglo 20 se consideraba anómala. Las distintas oleadas reformistas (1936, 1961, 1968) no se pueden rechazar en bloque. Si bien a la postre fracasaron, mostraron que podían salir propuestas significativas desde dentro del sistema político.

2 ¿Por qué encallaron entonces? Básicamente, porque no se atuvieron a los principios establecidos por el notable académico Albert Berry, de proceder rápidamente y de un solo tajo. Al ser lentas y graduales, permitieron que los sectores opuestos a la reforma la sabotearan; pero a la vez generaron una permanente inestabilidad de los derechos a la propiedad. Numerosos estudios han demostrado que las reformas exitosas son breves y decisivas, como las de Corea del Sur y Taiwán.

El problema de la propiedad rural ya no es fundamental en una economía del conocimiento.

En realidad es todo lo contrario. Todos los reformadores colombianos han sabido desde el principio que cualquier re-distribución de la propiedad  implica también acompañamiento técnico, créditos, etc. Pero, como alguna vez comentó con lucidez Carlos Lleras Restrepo, nada de esto tiene sentido si no acompaña al tema tierras. Este es la proverbial condición necesaria, aunque no sea suficiente. La mala distribución de la tierra da un poder desproporcionado a un conjunto de agentes ineficientes –y, en Colombia, a menudo criminales—y por lo tanto acceso al poder político y a la distorsión de las capacidades regulatorias del estado. Esta es una fórmula segura para el subdesarrollo.

3 Se trata de un problema sectorial.

No, para nada. Numerosos estudios que comparan las trayectorias divergentes del desarrollo en Asia y en América Latina sugieren que el problema agrario gravita sobre el conjunto de la sociedad.

La criminalización del campo colombiano abre, paradójicamente, una ventana: la posibilidad de una redistribución en gran escala sin generar un deterioro a la productividad vía desestabilización de los derechos de propiedad. Al tener que enfrentar actores que están –total o predominantemente—en la ilegalidad, el estado puede y debe ensayar soluciones imaginativas que permitan una redistribución con amplio y vigoroso apoyo internacional, sin poner en cuestión los derechos de los agentes no vinculados con mafias, apoyándose en alguna modalidad de jurisdicción especial. Una vez más, esto se pensó en el pasado (por Virgilio Barco, por ejemplo), pero sin introducir en el proceso la batería de diseños institucionales (jurisdicción especial) que permitiera una acción rápida y decisiva.

1936

En 1930 el liberalismo retoma el poder con el triunfo de Olaya Herrera. Para 1936, Alfonso López Pumarejo empezó un proceso de reforma agraria que se basó en la ley 200, conocida como “la de la función social de la propiedad” y que se resume en la consigna de que la tierra es del que la trabaja. Esta ley fue redactada por Darío Echandía, quien importó el modelo de la República Española.

1961

El proceso denominado Reforma Social Agraria empezó en 1959 y tuvo dos causas fundamentales: la revolución cubana y la Violencia de los años 50, que tuvo origen agrario, pues hubo un intento por detener la reforma agraria del 36. Tuvo como objetivo eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica, reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no las poseían.

1968

Entre 1966 y 1968, Carlos Lleras Restrepo impulsó una reforma agraria basado en dos elementos fundamentales: la titulación de los predios a quienes se habían apropiado de terrenos baldíos y el establecimiento de distritos de riego. Este intento fracasó pues no hubo una real redistribución de la propiedad. Esta iniciativa lindó con el Pacto de Chicoral, firmado en 1973, que constituyó la contrarreforma agraria y echó atrás todo el proceso iniciado en el año 36.