Judicatura suspende a otro Juez que ordenó embargos a cuentas de Telecom

El operador jurídico concedió el pago de pensiones a ex trabajadores por $4.000 millones.

Durante tres meses fue suspendido de manera provisional el juez Promiscuo de Familia de Sahagún, Córdoba, Miguel Francisco Burgos Iglesias, quien es investigado por la Sala Dual de Descongestión del Atlántico creada por la Judicatura, por haber fallado tutelas en las que se ordenó el embargo de 4.000 millones de pesos de las cuentas de la desaparecida Telecom.

Para la Sala, el operador jurídico pudo haber incurrido en una falta gravísima, pues de comprobarse su responsabilidad estaría en curso de una extralimitación de funciones y hasta podría hacerse merecedor a actuaciones penales como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, según lo advierte la providencia de formulación de pliego de cargos.

Burgos Iglesias había revocado el fallo del Juez Segundo Promiscuo Municipal de esa misma población cordobesa de inadmitir la demanda interpuesta por varios trabajadores de la firma y, en su lugar, había ordenado el pago de pensiones a favor de los tutelantes, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, fuero sindical y dignidad humana.

Al parecer, los ex funcionarios de la firma estatal en liquidación habían sido retirados por la misma fuerza pública de sus lugares de trabajo en junio de 2003, pese a haber ganado su derecho a ser incluidos en el Patrimonio Autónomo de Remanentes, PAR, a través del cual se administran las obligaciones adquiridas con algunas de las personas que laboraron en la empresa.

Tal y como se expresó la Judicatura frente a la suspensión provisional de otra Juez de Córdoba que concedió beneficios pensionales a ex trabajadores de Telecom de manera aparentemente irregular, en este caso tampoco era procedente invocar la acción de tutela, pues el accionante contaba con otras herramientas jurídicas para alegar la supuesta vulneración de sus derechos.

En la determinación, la mayoría de la Sala acogió la postura adoptada por la Corte Constitucional que, con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería, rechazó el amparo a los derechos reclamados por una ex trabajadora de la firma Gases del Caribe S. A. E.S.P., que alegaba la supuesta violación a sus garantías laborales en términos similares a los expuestos por los ex funcionarios de Telecom.

"En este caso no es procedente la acción de tutela, ni aún como mecanismo transitorio, dada la existencia de otro medio judicial idóneo de defensa y que no está acreditada la inminencia de un perjuicio irremediable", señaló la Corte en la sentencia T-561 de 2006.

Adicionalmente, esta Sala adscrita al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico consideró que en este particular también hubo extemporaneidad en la presentación de la acción de tutela, pues la aducida vulneración de los derechos fundamentales de los ex funcionarios se produjo en 2003 y sólo hasta 2009 acudieron al Juez Constitucional para buscar el amparo.

"Los accionantes acudieron a ejercer su derechos seis años después de ocurrida la presunta violación de sus derechos (...) Si bien la acción de tutela no tiene un término de caducidad para su interposición, no es menos cierto que el Juez constitucional debe tener en cuenta que ella debe adelantarse dentro de un término razonable", dice la providencia.

En las últimas dos semanas, la Judicatura empezó a abordar la etapa definitiva de la investigación contra titulares de despachos judiciales en Córdoba que ordenaron el pago de pensiones a ex funcionarios de Telecom por un valor global ascendente a los 4.725 millones de pesos en el departamento de Córdoba.

Sin embargo, varias de las personas que hicieron parte de la nómina de la firma aseguran que sí existen muchos casos en los cuales es comprobable la validez en la exigencia de sus garantías laborales y que es la existencia de una mafia dedicada al ilegítimo cobro de acreencias la que ha llevado a las autoridades a no atender sus reclamaciones, que consideran más que justas.

Así lo ha expresado la ex trabajadora de la empresa en liquidación, Mireya Beltrán, quien hoy dice padecer necesidades y amenazas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones a las que dice haberse hecho merecedora dentro del PAR de Telecom, sin que hasta ahora haya recibido atención a las peticiones que ha presentado ante numerosas autoridades para que se investigue su caso.

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