Niegan beneficios penales para promotor de referendo reeleccionista

En segunda instancia, fue negado el preacuerdo al que habían llegado Luis Guillermo Giraldo y la Fiscalía.

En suspenso quedó el futuro jurídico del principal promotor del referendo reeleccionista, Luis Guillermo Giraldo, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara el preacuerdo al que había llegado el imputado con la Fiscalía, que le había deparado una pena de cuatro años y medio de casa por cárcel.

En primera instancia, la Juez 29 Penal Municipal de Bogotá con Funciones de Conocimiento había objetado las condiciones en las que se había dado el convenio.

Para la operadora jurídica, la actuación en la que pudo haber incurrido Giraldo reviste una mayor gravedad, por cuanto puso en riesgo la estabilidad institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral y del mismo Congreso de la República, y de ahí que haya rechazado el eventual otorgamiento de la prisión domiciliaria, así como la multa por 144 salarios mínimos mensuales vigentes y la inhabilidad por 45 meses.

La apertura de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, en parte, obedeció al concepto desfavorable que entregó la Corte Constitucional frente al proyecto, al considerar que se había sustituido la Carta Fundamental y se habían violado varios principios de Ley.

En el fallo que le dio un no definitivo a una segunda reelección de Uribe, la Corporación sostuvo que se habían desbordado los topes de aportes financieros individuales y los montos globales máximos permitidos por la Ley frente a este tipo de iniciativas.

Luis Guillermo Giraldo, quien lideró esta iniciativa, se reunió con el Fiscal asignado al proceso y estableció un preacuerdo para aceptar los cargos que se le formularán este martes.

De no ser aceptado el convenio por parte del Juez, el acusado deberá seguirse sometiendo al proceso que, en modo alguno, afectará su condición dentro del mismo, toda vez que su condena o absolución dependerán de la valoración final que haga el operador jurídico a quien se le asigne el desarrollo del juicio, en caso deque sea necesario agotar esta etapa.