Próximo viernes se definirá futuro jurídico de Jorge Lagos

De ser avalado, el ex funcionario pagará ocho años de prisión, la primera condena por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.

Cuatro días más se mantendrá en suspenso el futuro jurídico del ex director de Contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Alberto Lagos, luego de que la Juez 14 Penal de Bogotá con Funciones de Conocimiento fijara para la mañana del viernes la audiencia en la que se dará el dictamen al preacuerdo de sentencia anticipada que el acusado firmó con Fiscalía.

Durante 96 meses permanecería en prisión el capitán Lagos, en caso de que la operadora jurídica capitalina avale los argumentos expuestos por las partes en el marco del convenio.

El ex funcionario se haría acreedor a una pena de 16 años, de la que solo tendría que pagar la mitad, por haber confesado su responsabilidad en los ilícitos que se le endilgan, contribuyendo al esclarecimiento del proceso.

Como el Capitán Lagos, el ex jefe del Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni, Germán Ospina, recibió beneficios procesales, luego de entregar información determinante pára el desarrollo de la investigación que sigue adelantando la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de Misael Rodríguez.

El ex funcionario está implicado en el complot que, al parecer, intentaba fraguarse para desprestigiar a integrantes de la Corte Suprema, al parecer, por señalamientos de la Casa de Nariño; según testimonios acopiados por el ente acusador, había sido el Gobierno el que impartió la directriz para filtrar información en contra de magistrados a los medios de comunicación.

La determinación está precedida del otorgamiento del principio de oportunidad que le fue concedido este lunes a la ex subdirectora de Operaciones Martha Leal, lo que le valió el abandono del banquillo de los acusados para convertirse en uno de los principales testigos.

En el caso del capitán Lagos, si no es aceptado el convenio previo, las partes tendrán la oportunidad de apelar la determinación ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de evitar el juicio, que podría derivar en una pena más extensa.

 

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