Corte Constitucional mantiene en vilo suerte de las corridas de toros

La votación al interior de la corporación quedó 4-4. La próxima semana habrá otra reunión.

Las corridas de toros fueron sometidas este miércoles a examen de la Corte Constitucional. Luego de la demanda interpuesta a la Ley de Protección Animal, que busca que se establezca una prohibición para la práctica de espectáculos públicos que acarreen padecimientos físicos para cualquier animal, los magistrados del alto tribunal se reunieron y votaron, pero no hubo mayorías.

Según se conoció, la votación quedó 4-4 y un magistrado más consideró la opción de rechazar la demanda porque, a su parecer, estuvo mal presentada. Cabe anotar que los magistrados Luis Ernesto Vargas y Mauricio González, este último presidente del tribunal, no participaron en esta votación porque cuando inició el proceso no estaban en el país y, según las reglas de la corporación, ya no podrán participar en el mismo.

Ahora bien, en busca de destrabar la votación fueron nombrados dos conjueces, Diego López y Gustavo Cuello, pero aun así no hay mayorías, bien sea para declarar inexequibles las corridas de toros y para considerar que sí se ajustan a la Constitución. Según se conoció, la semana pasada la votación también terminó en empate.

Los accionantes buscan que las llamadas corralejas, las peleas de gallos y la fiesta brava sean incluidas en la Ley 84 de 1989, que estipula el Estatuto Nacional de Protección Animal. En 2009, luego de que la Corte se abstuviera de estudiar el tema de fondo por inconsistencias en la presentación de la demanda, ambientalistas y defensores de animales interpusieron una nueva acción, que no pasó el primero de sus exámenes, tras la ponencia negativa que presentó el sustanciador ante la Sala Plena.

Luego de más de un mes de conocida la naturaleza de la postura expresada por el magistrado ponente, favorable a la realización de corridas de toros y otras prácticas similares, los nueve integrantes de la colegiatura estudian si avalan o no la postura.

El sustanciador coincidió con la postura del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien pidió que se ratificara la exequibilidad de la norma, a favor de los intereses de los amantes de la tauromaquia, por considerar que se trataba de celebraciones arraigadas en la cultura de los pueblos.