Judicatura del Chocó anula sanción por embargo a cuentas estatales

El Juez que tomó la decisión se reincorporará en su cargo por fallo de tutela en contra del Consejo Superior.

El Seccional de la Judicatura de Chocó dejó sin efectos la determinación del Consejo Superior de suspender durante 12 meses al  juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó, Francisco Antonio Mena Castillo, luego de que éste reconociera el derecho sobre las acreencias laborales exigidas por un grupo de maestros que trabajaban para la administración departamental y ordenara el respectivo embargo.

Una Sala de Conjueces nombrada dentro del Consejo Seccional concluyó que el operador jurídico acusaba razones valederas para considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, al ser objeto de una sanción disciplinaria que, a juicio del tribunal regional, no se fundamentaba en una adecuada interpretación de la Ley.

La  Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había absuelto al Juez Mena Castillo frente a dos casos de idéntica naturaleza, en fallos emitidos con ponencia de los magistrados Angelino Lizcano y Pedro Alonso Sanabria el 15 de diciembre de 2009; de ahí que el Seccional adujera la violación al precepto de seguridad jurídica que defiende la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-049 de 2007.

"Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no solo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo Juez", dice la Corporación.

Para emitir la sanción en contra del funcionario judicial, el Consejo Superior se amparaba en la inembargabilidad de los recursos del Estado, que está dispuesta por el artículo 23 de la Ley 47 de 2003.

“Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados (…)”, dice la norma.

Sin embargo, el Consejo  Seccional consideró que en este caso sí era aplicable la medida cautelar, entre otras cosas, porque la cuenta denominada ‘Sistema General de Participaciones del Chocó Fondo Educativo Departamental’ estaba relacionada con la actividad que los accionantes desempeñaban como trabajadores de la administración regional.

El Juez Constitucional manifestó que “las acreencias adquiridas con los demandantes, es decir, relacionadas con el ramo de la educación, al cual también pertenecen las cuentas de participación embargadas, está en armonía con la sentencia T-262 de 2007 de la Corte Constitucional”, determinación que alude a la posibilidad legal de ordenar los embargos para el pago de acreencias laborales.

Pese a que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había solicitado el rechazo de esta acción de tutela, desestimando la violación a los derechos fundamentales del otrora disciplinado, el Juez ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acudir a tribunales administradores de justicia a nivel internacional, si se persiste en la sanción. 

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