Por prisión domiciliaria a ex gobernador del Meta suspenden a Juez

Edilberto Castro había sido condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de tres personas.

El Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Sala Disciplinaria, suspendió durante tres meses una Juez de Ejecución de Penas de Bogotá que concedió la prisión domiciliaria y el aseguramiento con brazalete electrónico al ex gobernador del Meta Edilberto Castro, que había sido sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de tres personas.

Se trata Martha Jael Amézquita, quien le otorgó el beneficio al dirigente, poco después de que el Ministerio del Interior y de Justicia diera vía libre a la utilización de estos mecanismo electrónicos que, si bien buscaban descongestionar las cárceles estaban supeditados a que los condenados no estuvieran envueltos en delitos como el concierto para delinquir o los tipificados como de lesa humanidad.

Según el decreto 177 de 2008, la concesión podrá hacerse efectiva siempre y cuando "no se trate de delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes".

El 31 de julio de 2009, la operadora jurídica tomó la decisión, pese a que Castro había sido condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como determinador de los homicidios de Euser Rondón, la diputada Nubia Inés Sánchez Romero y el ex gobernador Carlos Javier Sabogal.

Según la investigación, el dirigente se reunió con el desaparecido comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas Miguel Arroyabe para acordar la comisión del crimen de estos funcionarios de la administración regional.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dictó pliego de cargos en contra de la Juez de Ejecución de Penas de la capital y la separó de su cargo de manera provisional, tras considerar que la funcionaria, efectivamente pudo haber incurrido en una violación al Código Disciplinario al otorgar un beneficio que no era propio de las condiciones en las que se había emitido la condena en contra del ex gobernador.