Procuradora víctima de 'chuzadas' sospecha que fue perseguida

Dice que las interceptaciones desde la Fiscalía pudieron ser producto de su actuación en ese proceso.

La ex procuradora Delegada para Investigaciones Especiales, Alexandra Valencia, dijo que no es descartable que su victimización dentro de las ´chuzadas’ haya sido producto de las investigaciones que adelantaba por el escándalo surgido al interior del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

La ex funcionaria, que fue declarada insubsistente por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez el pasado 13 de julio, elogió el trabajo de la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos que rodearon la persecución ilegal a varias personalidades desde organismos de seguridad del Estado.

Entre tanto, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Valásquez señaló que este episodio terminó afectando su trabajo; sindicación que se dio en el marco de la audiencia de juicio oral que enfrentan un ex funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, dos intendentes (r) del Gaula de la  Policía.

Indicó que hubo muchas personas, incluso relacionadas con su trabajo como investigador, que dejaron de llamarlo a su teléfono móvil al saber los relatos de los medios de comunicación sobre las interceptaciones de las que era blanco.

Tanto el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como la representante del Ministerio Público fueron blanco de interceptaciones ilegales que se efectuaron desde la Fiscalía, a través de dos de los integrantes de la Unidad Antisecesutro, hecho que fue denunciado por el mismo jefe (e) de la entidad, Guillermo Mendoza Diago.

A la investigación fueron vinculados CTI, Aldo Francisco Pérez Llosa, y los intendentes de la Sijín, Ferney Enrique Galvis Rojas y Osvaldo Villamil Torralba, quienes fueron acusados de fraude procesal, falsedad en documento público, violación ilícita de comunicación y concierto para delinquir.

El pasado 6 de agosto el Juez del caso les negó la libertad invocada por sus defensores por el vencimiento en lo términos para el inicio de la audiencia de juicio oral, por cuanto consideró que la mayor parte del tiempo que el proceso se mantuvo frenado se produjo por un conflicto de competencias alegado por los mismos apoderados de los acusados sin que hubiera lugar a ello.

Tres veces tuvieron que pronunciarse la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al respecto del conflicto que, en un caso, solicitaba que fuera de conocimiento de un Juez de Fusagasugá y no de Bogotá, mientras que en el restante se buscaba que fuera la Justicia Penal Militar y no la Ordinaria la que adelantara el proceso.

Finalmente la Judicatura devolvió la actuación al Juez de Conocimiento, previa compulsa de copias ordenada por el la Sala Disciplinaria para que se investigara la presunta conducta sancionable por parte del Juez Octavo Penal de la capital con Funciones de Conocimiento, que fue quien envió la actuación a su par de Fusagasugá, casando el conflicto por factor territorial; conflicto que también se dio entre jurisdicciones y que obligó a la Corte a declararse inhibida en numerosas oportunidades.