40 años de prisión a militares por muerte de indígena

Se trata de Edwin Legarda Vásquez, esposo de la líder indígena Aida Quilcué.

Un juez condenó a 40 años de cárcel a seis militares a los que halló responsables del asesinato, en 2008, de Edwin Legarda Vásquez, esposo de la líder indígena Aida Quilcué, informó la Fiscalía General.

La condena fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, que atendió así la solicitud de la fiscalía de imponer 40 años de prisión a los uniformados, ahora en retiro, que mataron a tiros a Legarda el 16 de diciembre de 2008 en el departamento del Cauca.

El fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que investigó el caso recordó que el asesinato fue cometido cuando Legarda se movilizaba en una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por la vía que conduce de la localidad de Inzá a Popayán (suroeste).

Las condenas, por homicidio agravado, alcanzan al sargento viceprimero Alexis Ramírez Vivas, al cabo tercero Javier Alonso Osorio Díaz y a los soldados profesionales Lisandro Caicedo Obando, Javier Francisco Belalcázar Trochez, Numar Armido Muitrón Cabezas y William Weimar Lemeche Hurtado.

La condena también señala que los militares no podrán desempeñarse en cargos públicos en los próximos 20 años.

Los seis condenados fueron recluidos en la cárcel de San Isidro en Popayán, explicó la fiscalía en Bogotá.

Los militares habían sido hallados culpables de homicidio agravado, en junio pasado, por el mismo juzgado de Popayán, la capital del Cauca.

En su momento, la sección de la fiscalía en esa ciudad precisó que un séptimo militar implicado en los mismos hechos fue absuelto.

En el momento de los hechos, Legarda iba a recoger a su esposa, que un día antes había regresado de Ginebra, donde asistió a sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El Cric sostuvo entonces que el objetivo del ataque era Aida Quilcué, por entonces consejera mayor de esta organización y quien había encabezado dos meses antes una protesta indígena que movilizó a más de 40.000 aborígenes por el suroeste del país y hasta Bogotá.

Los juristas canadienses Pierre Rousseau y William St-Michel, de la sección en el país norteamericano de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), asistieron como observadores a este juicio.

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