En la madrugada del primero de marzo de 2008 las Fuerzas Militares de Colombia dieron de baja en la zona de Angostura (Ecuador) a Raúl Reyes, segundo hombre de las Farc, y otras 25 personas. La denominada ‘Operación Fénix’ se convirtió en uno de los mayores éxitos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, generó el rompimiento de las relaciones entre Colombia y Ecuador y casi simultáneamente las autoridades de ese país iniciaron un proceso penal para establecer responsabilidades.
El caso fue radicado con el número 032-2009 en la Fiscalía de la provincia de Sucumbíos, en su capital Nueva Loja. De igual manera, llegó al Juzgado Primero de Garantías Penales de la misma provincia con el número 2010-0297. En la etapa de indagación previa el fiscal del caso, Carlos Jiménez, recopiló informes periciales, autopsias, declararon oficiales de la Policía y del Ejército ecuatoriano y expertos realizaron diversas inspecciones en la extensa zona del bombardeo.
Luego de más de un año de instrucción del proceso y en medio de la ruptura de las relaciones entre los dos gobiernos, fueron mencionados en el caso el entonces ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y los generales Fredy Padilla de León y Óscar Naranjo. En el caso del primero, la justicia de ese país nombró al jurista Wálter Lombeida como defensor de oficio.
Pero el pasado 28 de junio, cuando parecía que el proceso dormía el sueño de los justos por falta de pruebas y argumentos jurídicos, el juez penal de la provincia de Sucumbíos, Daniel Méndez Torres, ordenó la detención preventiva del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, por “delitos contra la vida”. Un hecho que alborotó el avispero y encendió las alarmas en Colombia y Ecuador.
Entonces apareció Fernando Balda, miembro del partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, que dirige el ex presidente Lucio Gutiérrez, y propuso reforzar la defensa de los funcionarios. Balda actualmente es uno de los mayores opositores del presidente Rafael Correa.
Ante la situación, contactó al curtido abogado Edmundo Solís. A partir de allí se consolidó la defensa que venía haciendo Wálter Lombeida. Sin embargo, los nuevos abogados no tenían cómo acceder al proceso, en razón a que por decisión institucional y personal, Santos, Padilla y Naranjo determinaron no entregar poder para que sean representados ante la justicia ecuatoriana.
El 25 de agosto surgió la Asociación de Participación Social de Pequeños Comerciantes Minoristas Colombo Ecuatoriana del Oriente, conformada por negociantes minoritarios de los dos países, con sede en la provincia de Sucumbíos que, utilizando una norma que permite a la justicia de ese país facultar a un jurista en estos casos, otorgó poder al abogado Edmundo Solís para que asumiera la defensa de los tres altos dignatarios colombianos.
Entre tanto se sumaron al caso dos profesionales. En Colombia el abogado penalista Diego Henao Vargas, quien inició gestiones para obtener algunas citas con funcionarios cercanos a Santos, Padilla y Naranjo, y el politólogo y actual asesor de la Asamblea de Ecuador, Gustavo Rodríguez, quien aportó algunos conceptos y estrategias.
En desarrollo del caso, el abogado Solís, de mayores aportes en el proceso, presentó recurso contra la orden de captura de Santos y el pasado 30 de agosto acudió a audiencia oral de revisión de medida cautelar. Dos fueron sus argumentos principales: “que la decisión de bombardear el campamento donde se encontraba Raúl Reyes fue de Estado, amparada por legislación internacional en la lucha contra el terrorismo, y que por consiguiente no hubo ninguna acción o prueba que demuestre que Santos actuó de manera personal”.
Con base en los argumentos, el día de la audiencia y al considerar especialmente que se le afectó el principio de equidad jurídica, el juez Daniel Méndez revocó la orden de captura contra el presidente Santos Calderón.
Desde hace algunos días y con base en los resultados mostrados por Solís, tanto el jurista como el polémico asambleísta Fernando Balda y el abogado colombiano Diego Henao se han reunido en Bogotá e intentan citas con altos funcionarios del gobierno, pero el mensaje a través de terceros ha sido reiterativo en el sentido de que los afectados con el proceso respetan la justicia del vecino país pero no otorgarán poder alguno a abogados. Este martes, Solís radicó varios documentos del caso en la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Hoy el expediente tiene 28 cuadernos, un equivalente a 25 mil folios. “El caso está avanzando desmesuradamente, me preocupa y no se debe descuidar”, advierte Solís, y aunque el entorno de las relaciones entre los dos países mejora notablemente, le preocupa la actuación del fiscal del caso, Carlos Jiménez, quien en otras palabras está planteando exabruptos jurídicos en el proceso que pueden incidir en una decisión del juez.
El proceso está en instrucción fiscal y la última novedad es que el pasado 3 septiembre fue vinculado el hoy general retirado Mario Montoya. Viene después la etapa intermedia, en donde el fiscal emite su dictamen, y luego el juicio, si así lo decide la justicia. La idea de Solís es solicitar en los próximos días el archivo definitivo del caso al juez.
Aunque las tensiones entre los defensores del caso son notables, cada quien maneja su interés y no tienen el poder de los vinculados, la causa sigue siendo la misma: solucionar un lío judicial que está claro, pero que si no se le pone la debida atención, puede resultar un dolor de cabeza para el gobierno.