Ex M-19 seguirán siendo procesados por toma del Palacio

El Tribunal Superior de Bogotá consideró que, al ser un delito de lesa humanidad, la actuación debe continuar.

Por la Toma del Palacio de Justicia seguirán siendo procesados los desmovilizados del M-19, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá hubiera ordenado devolver la actuación al Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, que había cesado el procedimiento en contra de los ex guerrilleros.

El Tribunal consideró que, al haberse constituido como un delito en contra de la humanidad tiene un carácter de imprescriptibilidad que concede el Estatuto de Roma, del cual el Estado colombiano es firmante.

En el proceso que había finalizado en 1992 habían sido vinculados personajes de la talla del hoy gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, la ex congresista Vera Grave y el llamado "comandante uno", Rosemberg Pabón, así como Otty Patiño, Ever Bustamante, Gerardo Ardila, Jair Peña y Marcos Chalitos (fallecidos estos dos últimos). 

Ese mismo año, el ex presidente Álvaro Uribe, entonces senador, promovió una nueva Ley de indulto para los rebeldes del M-19 que participaron en la toma, iniciativa que fue aprobada por el Legislativo.

"Tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz, incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total a favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional", dijo Uribe en la sesiòn parlamentaria del 20 de mayo de 1992.

El Juez de origen había ordenado el archivo de la investigación en contra de quienes militaron en la organización insurgente, que protagonizaron la toma del 6 y 7 de noviembre de 1985, decisión que terminó siendo revocada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

El 14 de enero de este año la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de Ángela María Buitrago, lo había declarado como un delito en contra de la humanidad, al reabrir la investigación por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán y meses más tarde por la supuesta desaparición forzada del del guerrillero Luis Otero.

Un grupo de 35 guerrilleros comandados por Andrés Almarales y Otero irrumpió en las instalaciones del Palacio de Justicia de la época, donde operaban entonces la Corte Suprema y el Consejo de Estado; allí la fuerza pública y la insurgencia protagonizaron un largo enfrentamiento armado que derivó en la muerte de más de un centenar de personas y la desaparición de al menos 11 civiles.