Procuraduría destituye a Alcalde de Mosquera por participación en política

El Ministerio Público lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante los próximos 12 años.

La Procuraduría Provincial de Facatativá destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Mosquera (Cundinamarca), Luis Álvaro Rojas Rincón, quien en criterio del organsimo de control participó indebidamente en política.

A juicio del Ministerio Público, el burgomaestre puso su cargo como funcionario estatal al servicio del respaldo electoral que buscaban las campañas del ex candidato al Senado por el Partido de la U Carlos Ferro y la de José Edilberto Caicedo Sastoque, quien aspiraba a la Cámara de Representantes.

En una manifestación pública el dirigente hizo eco del supuesto apoyo que los dirigentes dieron a una iniciativa que le permitió a la Alcaldía hacerse a la consecución de 500 ‘Computadores para educar’ y el eventual acopio de recursos provenientes del Ministerio del Interior y de Justicia para la ampliación de la sede de la administración municipal.

"El senador Carlos Ferro y mi amigo José Caicedo me están ayudando inmensamente en eso; son dos personas que tienen un ligamento especial con nuestro municipio y, por supuesto, el senador Carlos Ferro va a aspirar al Senado y yo lo voy a ayudar y le pido a mis amigos que le ayuden", dijo Rojas Rincón en un video que fue aportado por Noticias Uno y cuya autenticidad no fue desechada por parte del despacho, como lo solicitaba la defensa, al considerarlo un medio ilícito de prueba.

El disciplinado, que hará uso del recurso de reposición, aseguraba que el material audiovisual había sido editado y había terminado recreado un escenario que trasgredía la realidad de los hechos, precisión que no fue tenida en cuenta por parte del representante del Ministerio Público.

Dentro del mismo proceso, el ciudadano Juan de Dios Villamil Velandia había presentado una queja disciplinaria en contra del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en vista de que ya habían pasado más de cinco meses desde la apertura de la indagación preliminar y la presentación de su acción ante la Corte Suprema de Justicia.