Moralesrussi y Olano, primeros descabezados por contratación

El procurador destituyó e inhabilitó por 20 años al contralor Moralesrussi y por 15 al excongresista Olano.

El contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, y el exrepresente Germán Olano son los primeros descabezados del carrusel de la contratación, por decisión de la Procuraduría General de la Nación, que los destituyó de sus cargos y los inhabilitó para el ejercicio de la función pública.

Al jefe del ente de control fiscal le impuso la máxima sanción disciplinaria, que se extenderá a lo largo de 20 años, cinco menos que al exlegislador, quien no podrá ejercer cargos estatales durante 15 años.

Ordóñez dijo que aunque la actuación de los dos disciplinados  es "una bomba atómica contra la moral pública", la del contralor fue mucho más grave, como quiera que era propio de su función, precisamente, el ejercer una defensa del patrimonio público frente a este tipo de atentados.

Indicó que fue él quien autorizó el aumento en el valor de los anticipos en la ejecución del contrato de la Fase Tres de Transmilenio y que en su actuación se hace evidente su interés en que la Administración girara los dineros al concesionario, a pesar de los atrasos. Indicó que el funcionario obtuvo un incremento patrimonial injustificado de más de 334 millones de pesos.

En el caso de Olano, señaló que a pesar de que éste gestionó inicialmente el reparto de prebendas para mantener a salvo la licitación, no parece haber evidencias de que, efectivamente, se las hayan suministrado. Sin embargo, sostuvo que también existe un incremento injustificado de su patrimonio por 123 millones de pesos.

Según el empresario Miguel Nule, no solo había un requerimiento de participación en el contrato para el jefe del control fiscal en la capital y el exparlamentario, ascendente al 2 %, sino el de una cuota inicial de 3.500 millones de pesos, para que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, no declarara desierta la licitación.

Tras la ejecución de un peritaje contable que tuvo lugar dentro de la investigación, la Procuraduría concluyó que se había dado un incremento patrimonial superior a las fuentes de ingresos de las que disponían los indiciados, lo que la llevó a poner en consideración el posible ofrecimiento de dineros por parte de los funcionarios al contratista de la Fase Tres, el Grupo Nule.

El abogado ex asesor de esta firma, Álvaro Dávila, a la cabeza de una comisión que también integraban el senador Iván Moreno y el exrepresentante Olano, habría pactado con el Grupo el monto y las condiciones de la entrega de las coimas de parte del concesionario.

Luego de adquirido el primer compromiso con los funcionarios públicos para el futuro de la licitación, que comprendía la entrega de 1.700 millones de pesos a Olano y otro giro por igual monto al subcontratista Julio Gómez, empezaron a generarse los primeros roces porque, al parecer, varios funcionarios del Distrito no habían recibido la cuota que les correspondía de la multimillonaria cifra.

El procurador otorgó credibilidad al señalamiento de Miguel Nule, quien señaló que Olano insistió en que se le entregara su dinero para girarle parte de ese monto al contralor y así evitar que siguiera arremetiendo en contra de los empresarios, a quienes se refirió como administradores de una pirámide; frente a este particular, Maralesrussi aclaró que se refería a una pirámide empresarial y no financiera, por el hecho de que todas sus empresas se sostenían de fondos provenientes de un mismo origen.

Nule calificó al jefe del ente de control fiscal de Bogotá y a los hermanos Moreno Rojas como un grupo de extorsionistas y señaló que si bien en un principio creía que Germán Olano era otra de las víctimas del carrusel de contratación y que lo que él intentaba era defenderlos de la Contraloría Distrital, luego tuvo la certeza de que únicamente iba en busca de su coima.

La aparente falta de justificación en los ingresos de los disciplinables, sumado a la entrega de grabaciones de reuniones que sostuvieron Miguel y Guido Nule con el contralor y con Olano –incluyendo un desayuno en el apartamento de la concejal Ángela Benedetti- llevaron al procurador a dictar pliego de cargos en contra del funcionario distrital y del ex dirigente político.

A pesar de que los indiciados y sus defensores se refirieron a la prueba como una práctica ilegal que no podía ser tenida en cuenta en este proceso disciplinario, el procurador sostuvo que, al haber sido recaudada por la víctima, no necesitaba orden judicial y que ello no menoscababa la validez jurídica del material e inició la actuación formal.

En su decisión, el procurador solicitó a la Fiscalía y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que indaguen penal y disciplinariamente, respectivamente, la conducta del abogado Álvaro Dávila.

También determinó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, para que incluya las pruebas obtenidas en contra de Olano, dentro de la investigación preliminar que cursa en ese tribunal contra el excogresista; el material obtenido a lo largo de este proceso también será incluido en los procesos disciplinarios que cursan contra los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas en la Procuraduría