"En Colombia no se han acabado los 'falsos positivos'"

El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) invitó al presidente Juan Manuel Santos a cumplir con su palabra de erradicar por completo estas prácticas ilegales en las Fuerzas Militares.

Sin que se excluya la posibilidad de que haya más casos, el Cinep documentó 961 situaciones de posibles ‘falsos positivos’, ocurridos entre 1982 y 2011, que habrían dejado 1.741 víctimas en todo el país. Nueve de los casos, además, habrían ocurrido durante el mandato de Juan Manuel Santos. “Se ven disminuciones en el gobierno Santos, sí, pero el punto es que estas prácticas no se han acabado. Y deberíamos preguntarnos por qué no se han acabado. Son la muestra de lo deteriorados que están la ética y la moral pública”, puntualizaron Mauricio García Durán y el padre Javier Giraldo, director del Cinep y coordinador del Banco de Datos, respectivamente, en el evento de lanzamiento del informe, en un hotel en Bogotá.

Titulado “Deuda con la humanidad 2”, el documento detalla año por año la zona y el lugar donde ocurrió cada caso denunciado. Para los investigadores del Cinep, cada caso correspondía claramente a una ejecución extrajudicial por las características que compartían: las víctimas no estaban vinculadas a grupos armados, pero fueron presentados como bajas en combate y casi siempre habían sido vestidas con camuflados o enterradas como miembros de grupos ilegales. “Nos estamos acostumbrando a la mentira oficial, porque en casi todos los casos hubo algún comunicado de las fuerzas militares anunciando el combate ficticio”, señaló el padre Giraldo.

El informe, cuyo contenido fue revelado por este diario en la edición del 11 de noviembre pasado, se elaboró con información de 25 organizaciones civiles, incluidas 15 bancos de datos regionales. Los sacerdotes jesuitas no ocultaron su preocupación por la discusión del fuero militar que actualmente se está desarrollando en el Congreso, el cual ya ha sido aprobado en dos debates –le faltan seis más–. Los integrantes del Cinep admitieron que no conocen, del total de casos denunciados, en cuántos se ha hecho justicia o con respecto a cuántos reina la impunidad. “Pero no nos queda duda de que sí se trata de una política de Estado –sostuvo Javier Giraldo–. Aunque no existan directivas o decretos por escrito, es una política de Estado por la sistematicidad con que los agentes estatales han cometido estos crímenes por décadas”.

Los investigadores de esta ONG invitaron al Gobierno de Juan Manuel Santos a cumplir su palabra de acabar por completo con estas prácticas en las Fuerzas Militares. Altos funcionarios de este gabinete, entre ellos el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, han aseverado que propuestas como el fuero militar no están concebidas para promover la impunidad sino para evitar que los uniformados se desgasten en procesos jurídicos que ponen en tela de juicio sus actos del servicio. Pinzón ha asegurado también que, en caso de evidencia de que no se trató de acto del servicio sino de un crimen de lesa humanidad, será la justicia ordinaria la que se encargue del asunto.

De acuerdo con este documento, la mayor cantidad de casos habrían sucedido entre 2004 y 2008: 673, que habrían dejado 1.098 víctimas. Las zonas más afectadas habrían sido Antioquia, Meta, Huila, Norte de Santander, Córdoba y Valle del Cauca; mientras que Vichada o Caldas apenas presentan situaciones presuntamente irregulares.

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Redacción Judicial

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