A la cárcel patrullero implicado en caso de grafitero

La juez consideró que se presentó un abuso de la fuerza por parte del uniformado.

Al considerar que es un peligro para la sociedad, la juez 54 de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento al patrullero de la Policía Wilmer Antonio Alarcón en el proceso que se le adelanta por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra.

Según la decisión judicial, el uniformado habría incurrido en un abuso de la fuerza al perseguir y posteriormente disparar en tres oportunidades contra el joven de 16 años en hechos registrados el pasado 19 de agosto en el norte de Bogotá.

Y es que para la juez un agravante el hecho de que hasta el momento se desconoce las razones del por qué Becerra salió corriendo luego de que el patrullero lo requisara y posteriormente se lo llevara a su lado por más de dos cuadras.

Agrava más la situación la exposición presentada por la Fiscalía en la que se aclara que la pistola hallada al lado del cuerpo del joven primero que todo no funcionaba. Segundo, según el análisis de Medicina Legal, el grafitero no habría disparado ninguna arma, hecho que llama la atención puesto que en sus diferentes declaraciones dice que el joven le había disparado.

"Si el patrullero Alarcón está capacitado para manipular armas y requisar a la comunidad que quiere proteger, este debe cumplir con su deber. Sin embargo, según lo expuesto por la Fiscalía, se señala que actuó en contravía de sus funciones atacando a las personas, por lo que es un peligro para la sociedad", precisó la juez en su decisión. 

En los próximos días el patrullero será enviado por orden del Inpec a un centro de reclusión carcelaria especial para miembros de la Policía a la espera del inicio de su juicio.

En la audienicia, que se celebró a puerta cerrada por orden de la juez, la Fiscalía le imputó al uniformado el delito de homicidio agravado al considerar que disparó en tres oportunidades contra el joven el cual se "encontraba en estado de indefensión".  

Según Myriam Pachón, abogada de la familia de Diego Felipe, la determinación fue tomada en atención a que el homicidio del menor se cometió en total estado de indefensión por lo que el patrullero podría pagar más de 40 años de cárcel.

En tal sentido, debido a que el patrullero hace parte de la Institución se espera que sea recluido en la penitenciaría de La Picota o la cárcel ubicada en Facatativá, no obstante insistir en que por el momento deberá preservársele el derecho a la presunción de inocencia.

"En este caso no se puede hablar de rebaja de penas porque el delito de cometió contra un menor de edad", precisó la abogada defensora. 

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