Familia del grafitero asegura que el crimen "sí fue una ejecución extrajudicial"

Consideran que el patrullero de la Policía disparó contra la humanidad del joven sin motivo alguno.

Mediante una misiva, los padres del joven grafitero Diego Felipe Becerra le cuestionaron al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón las declaraciones presentadas en el curso de la semana pasada en las que se indicaban que el asesinato del joven, registrado el pasado 19 de agosto, “no podía catalogarse como una ejecución extrajudicial”.

En la carta firmada por los padres de Diego Felipe, se indica que basándose en las pruebas presentadas por la Fiscalía en la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra el patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón, éste le disparó por la espalda al joven de 16 años y luego se intentó modificar la escena del crimen.

“Realmente cuando el uniformado disparo sobre la humanidad de Diego Felipe, de manera artera y le produjo la muerte lo privo de la acusación, la defensa y el fallo las tres partes imprescindibles de todo juicio”, precisa uno de los apartes de la carta enviada al Ministro con copia a varias ONG internacionales.

Para los padres y la defensa del joven, el uniformado omitió sus funciones ciudadanas y las que adquirió al usar el uniforme como lo son “juez, ejecutor y testigo” de una acción irregular, puesto que no denunció la acción y se extralimitó en su comportamiento.

“Es poco afirmar que se trata de una ejecución extrajudicial en este caso, es un incalificable abuso”, señala la misiva en la que se hace un fuerte llamado de atención sobre el hecho de que el uniformado acusó a Diego Felipe de atracar una buseta con un arma de fuego y luego atacarlo con la misma luego de que este lo persiguió por varias cuadras para supuestamente requisarlo.

“Los civiles vivimos bajo un estado social de derecho y los uniformados y armados por el Estado viven en la caverna sin Dios ni ley”, concluye el fuerte pronunciamiento.

Vale recordar que por este hecho, en febrero la Fiscalía le imputó al patrullero de la policía el delito de homicidio agravado y fue cobijado por un juez de garantías con medida de aseguramiento en un centro de reclusión.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador señaló que existían varios indicios sobre la modificación de la escena del crimen, haciendo referencia al estudio de Medicina Legal en el que se señalaba que el joven no tenia muestras en sus manos de disparar un arma de fuego, y que peor aún, el arma hallada al lado del cadáver no funcionaba.

El pronunciamiento del Ministro

El pasado martes se conoció una carta enviada por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón al comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, señalando que la muerte del joven grafitero no podía catalogarse como una acción de “ejecución extradicial”.

“A pesar de lo doloroso del caso, para la Institución (Policía Metropolitana) y este Ministerio resulta inaceptable equiparar que la actuación obedeció a una ejecución extrajudicial”, precisó sobre el tema.

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2012-04-20T14:39:19-05:00

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