Restitución en nombre de Yolanda Izquierdo

Juez agrario determinó que 32 familias de la vereda Leticia (Córdoba) fueron despojadas de sus terrenos en la hacienda Santa Paula por parte de miembros de Funpazcor.

En septiembre de 2012 el ministro Juan Camilo Restrepo presentó la demanda colectiva ante un juez agrario en Montería. / Ministerio de Agricultura
En septiembre de 2012 el ministro Juan Camilo Restrepo presentó la demanda colectiva ante un juez agrario en Montería. / Ministerio de Agricultura

Las tierras donde se popularizó la tristemente célebre frase de “si no vende usted, vende su viuda”, ya son propiedad de las 32 familias que fueron despojadas de sus lotes durante más de diez años de terror paramilitar en la vereda Leticia, en Montería (Córdoba). Una historia de violencia que dejó cientos de muertos y desplazados, pero que finalmente, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la justicia devolvió a sus legítimos dueños: los campesinos, antes sin tierra.

Yolanda Izquierdo, la lideresa asesinada en 2007 por orden de Sor Teresa Gómez, testaferra, cuñada y hermana de crianza de los hermanos Castaño Gil, hoy daría por concluida su batalla. Y aunque en este primer falló sólo se restituyen poco más de 200 hectáreas de las casi 1.120 que tiene la hacienda Santa Paula, muy pronto serán presentadas las otras demandas colectivas que saldarán por completo el tema.

En la sentencia, conocida por El Espectador, el Tribunal Superior de Antioquia, en su Sala Especializada en Restitución de Tierras, ordena la “restitución jurídica y material de todos y cada uno de los predios objeto de la solicitud a favor de los reclamantes”. Además, declara inexistente la presunción del derecho de tercero de buena fe, establecida en la ley, lo que significa que dejó sin efectos las compraventas mediante las cuales Gabriela Inés Henao Montoya y su esposo Diego Sierra obtuvieron el dominio total de las parcelas que componían la hacienda Santa Paula. La corporación también ordena a la Fuerza Pública acompañar y propiciar la restitución material de los predios, así como “brindar la seguridad para la diligencia y además la que se requiera para el efectivo retorno y permanencia de los solicitantes en las parcelas que se ordenan restituir”. A la vez, pide compulsar copias de la providencia a la Fiscalía General de la Nación, para que ésta determine si Gloria Inés Henao Montoya y su esposo Diego Alonso Sierra Rodríguez cometieron hechos delictivos que ameriten ser investigados y sancionados.

La sentencia sin duda está revestida de un valor histórico, ya que es la primera vez desde que se está implementando la Ley de Víctimas que se afectan bienes del emporio criminal de la “Casa Castaño”, fundadores del paramilitarismo en Colombia que durante más de dos décadas asolaron al país y acentuaron su poder, en especial, en el territorio entre Sucre, Córdoba y Antioquia.

La historia de la hacienda Santa Paula, que a partir de hoy vuelve a manos de los campesinos a los que alguna vez se les donaron los terrenos, es larga y enrevesada. Incluso, corre paralela al desarrollo de la sangrienta maquinaria paramilitar. La génesis del asunto resuelto ayer por el juez del tribunal antioqueño empieza en 1990, cuando Fidel Castaño —el mayor del clan— anunció la desmovilización de sus estructuras militares, en ese tiempo conocidas como Los Tangueros y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y la creación de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

En ese entonces el desaparecido jefe paramilitar soñaba con desterrar a las organizaciones guerrilleras del territorio cordobés, desarrollando una poderosa asociación de campesinos sin tierra que hicieran un cinturón de seguridad alrededor de sus haciendas y que juraran lealtad a la causa paramilitar por miedo, pero también por gratitud, ya que serían beneficiarios de las 10.000 hectáreas que se repartirían a través de Funpazcor.

La fundación fue creada el 14 de noviembre de 1990, dos semanas antes de que los grupos bajo el mando de Fidel Castaño entregaran sus equipos de guerra, bajo la representación legal de Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de Fidel y Carlos Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Castaño anunció entonces entre bombos y platillos que repartiría las haciendas personales: Santa Paula, Arquía, Cedro Cocido, Las Chavarías, Doble Cero, Las Tangas, Campo Alegre, y un largo etcétera de haciendas.

El proyecto fue caracterizado por los medios de comunicación como “el programa de reforma agraria integral ‘privada’ de Fidel Castaño”, que se proponía dar tierra a “campesinos sin tierra, desmovilizados del Epl y de las estructuras paramilitares que se desmovilizaron en ese momento”. La hacienda Santa Paula fue una de esas muestras del “buen corazón de los Castaño”.

Funpazcor hizo una convocatoria para beneficiarios en las goteras de Montería y seleccionó a quienes recibirían los predios de Santa Paula y Las Tangas. Al evento asistieron personalidades de la vida política local y nacional, y allí Sor Teresa Gómez entregó a los beneficiarios unas “actas de compromiso” en las que estaban consignadas las reglas para las donaciones. Quienes recibieran los lotes estarían obligados a no vender ni alquilar ni hipotecar los predios, a la vez que le entregaban a la fundación el derecho exclusivo sobre las cosechas y su comercialización, así como sobre los productos que serían trabajados.

Pero el proyecto “social” de los Castaño no duró mucho dentro de la legalidad. Al ritmo que las fuerzas de izquierda entraban en el juego democrático a través de la Asamblea Nacional Constituyente, el paramilitarismo se rearmaba y arremetía con más fuerza. En esas desapareció Fidel Castaño y Funpazcor quedó en manos de Sor Teresa, quien poco a poco fue incluyendo a los residuos del Cartel de Medellín, especialmente a través del temible narcotraficante Diego Fernando Murillo, más conocido como Don Berna.

Al compás de las más espantosas masacres perpetradas por el paramilitarismo, se inició el proceso de despojo de las familias que recibieron los terrenos de Santa Paula. Entre el 96 y el 98 salió el primer grupo de campesinos; en el 99 se produjeron ocho desplazamientos; un año después tuvieron que salir 13 familias; en 2001 la cifra disminuyó a tres; en 2005 tuvieron que dejar sus casas cinco familias, y entre 2003 y 2006 salieron los últimos dos beneficiarios. Todos partieron por miedo a lo que fueran capaces de hacer las fuerzas de los Castaño. Incluso algunos denunciaron el asesinato de un campesino.

Sor Teresa Gómez, Gloria Inés Henao, Marcelo Santos, Fragoso Pupo y Diego Sierra fueron los encargados de llevar la orden de “los de arriba”, como les dijeron a los campesinos. Les pidieron que se fueran, firmaran unos papeles y pasaran por una indemnización de $4 millones, con la aclaración de que no pidieran más si no querían problemas. Yolanda Izquierdo fue una de las voces que se negaron a firmar los papeles y promovió un desacatamiento de las órdenes de los Castaño. En represalia, y como muestra, la mandaron a asesinar. Por su muerte, Sor Teresa Gómez fue condenada a 40 años de prisión y continúa prófuga de la justicia.

Pero a pesar de la muerte, del miedo y del poder económico del paramilitarismo y sus testaferros, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura y los jueces agrarios lograron revertir estas décadas de injusticia y les devolvieron la propiedad a los campesinos. Tal y como lo soñó Yolanda Izquierdo.

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2013-02-14T22:28:27-05:00

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Alfredo Molano Jimeno

Judicial

Restitución en nombre de Yolanda Izquierdo

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