En Colombia hay un desplazado cada 10 minutos

Así lo indica Naciones Unidas. Este año se han registrado 497 mil personas ante la Unidad de Víctimas.

/Archivo
/Archivo

En Colombia hay aproximadamente un desplazado cada 10 minutos. Así lo recordó el exalcalde de Medellín, Omar Flores, en el marco de la conferencia internacional Soluciones Sostenibles para la Población Desplazada, realizada en Bogotá. Flores hizo referencia a un informe de las Naciones Unidas en el que se da cuenta de que cerca de 8 mil personas habían sido desplazadas en los dos primeros meses de este año. De acuerdo con cifras de la Unidad de Víctimas hay 4 millones 900 mil personas registradas como víctimas de desplazamiento forzado.

En lo que va del año se han registrado 497 mil víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas. De ellas 338 mil viven en Bogotá. El año pasado, se registraron 762 mil personas. Así lo advirtió la Alta Consejera para Las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá Ana Teresa Bernal, quien anunció, además, que en los próximos días la administración de Gustavo Petro firmará un acuerdo con el gobierno y la Alcaldía de Soacha para la realización de un plan de ayuda a las víctimas del conflicto y del desplazamiento.

Estos fueron algunos de los anuncios realizados en este encuentro internacional, que contó con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad de Víctimas. Este evento se realiza apenas un mes después de que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-254, estableciera los parámetros a seguir a la hora de crear políticas para combatir el desplazamiento forzado.

En estos momentos el presidente Juan Manuel Santos implementa una Ley de Víctimas con la que pretende hacerle frente a este problema, una sombra en la historia reciente de Colombia. Hoy en este encuentro internacional se presentaron algunos casos exitosos de reubicación y retorno de comunidades desplazadas que el gobierno espera sean la punta de lanza de su política. Entre ellos casos de reubicación en Bello (Antioquia), Soacha (Cundinamarca), Puerto López (Meta) y Florencia (Caquetá). Así como procesos de retorno en San Carlos (Antioquia) y Mistrató (Risaralda).

 

Un lugar para los sin tierra

De los casos dados a conocer hoy vale la pena retratar el de la comunidad embera chami de Florencia (Caquetá). En cuatro ocasiones esta comunidad ha tenido que desplazarse de sus territorios ancestrales. En los 60 se vieron obligados a salir del cañón de Las Garrapatas (Valle del Cauca) por cuenta del conflicto. Con los años este lugar se convertiría en un santuario de las Farc. Después de deambular por varios departamentos llegaron a Caquetá donde se establecieron en un resguardo conocido como Honduras por estar al fondo del cañón del río Bodoquero.

Allí vivían en paz hasta que los violentos asesinaron a su cacique Marceliano Aizama, en 1984. Los indígenas salieron huyendo y estuvieron deambulando por el departamento hasta que llegaron a Florencia en 1987. Cansados de la ciudad regresaron al poco tiempo a Honduras. “Nosotros no nos adaptamos en la ciudad, nos tocaba mendigar y no estamos acostumbrados a eso”, le dijo Delfa Aisama, sobrina del fallecido cacique, a ACNUR. Durante 18 años la comunidad vivió en una tensa calma hasta que en 2005 la amenaza de una masacre acabó con ella.

Los embera debieron regresar a Florencia a instalarse en un pequeño barrio llamado Malvinas pero que los lugareños conocen, despectivamente, como ‘La Calle de los Indios’. Allí vivieron durante varios años en medio de la pobreza extrema y el hacinamiento. En una casa eran acomodados, como fuera posible, hasta 40 indígenas. Pero desde el año pasado ACNUR junto con el Incoder y las autoridades de Caquetá empezaron un programa de reubicación que les dé un nuevo territorio a los embera chami.

En San José de Canelos, zona rural de Florencia, las autoridades han construido 30 casas para albergar a las 47 familias de la comunidad. Estas residencias fueron diseñadas por los mismos indígenas con ayuda de un experto y con la intención de que se respetaran sus usos y costumbres, El Incoder, por su parte, asignó $330 millones para la realización de proyectos productivos en el lugar. Ya los indígenas le han puesto nombre a su resguardo. Lo llaman Chami Puru y se refieren a él como un territorio de vida, sueños y esperanza.

Una nueva casa

Otro de los casos que se llevó el aplauso de los asistentes al evento fue el de Granizal en Bello (Antioquia). En este lugar viven cerca de 18 mil personas que han llegado a Bello desde inicios de los 90. El 80% de ellas son desplazadas de Antioquia y de Medellín. Este año se construyó allí una Casa de Derechos Humanos y se han realizado una serie de obras que han hecho que estas personas no quieran regresar a sus territorios. Así lo resaltó el alcalde de esa población, Carlos Muñoz, quien indicó que en muchos lugares del país a los desplazados se los reconoce como ciudadanos de paso pero que en Bello se ha hecho un esfuerzo por adoptarlos como bellanitas. El mandatario agregó que, actualmente, se viene realizando un proyecto para la legalización de predios por un monto de $180 mil millones pero que no se ha podido finiquitar por la falta de recursos y porque, en su criterio, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, ha sido “timorato” con los problemas de Bello.

Víctimas de bandas criminales

En el evento, además, hubo una exposición sobre los logros de la Unidad de Víctimas (UV) y del Departamento de la Prosperidad Social al respecto. La UV resaltó que este año ha atendido a 17 mil familias desplazadas como parte del programa Familias en su Tierra y que próximamente espera atender a otras 11 mil. Indicó, además, que se viene avanzando en procesos para que varias comunidades puedan retornar a sus territorios. Con respecto a las personas que han sido víctimas de las, así llamadas, bandas criminales, la Unidad de Víctimas resaltó que está atendiendo a lo dicho por la Corte Constitucional en un reciente fallo en el que le pidió al gobierno reconocer a quienes hayan sido desplazados por estos actores ilegales. Esa entidad informó que en 2012 se registraron cerca de 12 mil personas como víctimas de estas organizaciones delincuenciales.