Se abre capítulo bacrimpolítica

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía tomaron la decisión de indagar hasta dónde el poder político en las regiones apoya la expansión de las bandas criminales.

Con el propósito de blindar el proceso electoral que se avecina y evitar que las investigaciones judiciales se den cuando ya estén entregadas las credenciales a los elegidos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió tomar cartas en el asunto y abrir el capítulo de la bacrimpolítica. El alto tribunal sabe que la parapolítica llega a su fin, pero también tiene claro que ya existe otra amenaza a la transparencia electoral: el accionar de las bandas criminales y su objetivo de extender nexos hasta el poder local y las corporaciones públicas.

El Espectador conoció que la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia ya tiene avances concretos y que para las primeras averiguaciones se constituyó un grupo de tres magistrados auxiliares encargados de evaluar evidencias. La novedad es que la Corte ya entró en coordinación con la Fiscalía y la idea es que entre 50 y 100 investigadores del CTI se sumen al equipo de trabajo para que se produzcan resultados antes de diciembre. Se trata de cerrarles el paso a las bacrim antes de que activen su maquinaria para financiar campañas políticas.

“Ya no existe una organización paramilitar al estilo de las autodefensas de Carlos Castaño, Don Berna, Jorge 40, Salvatore Mancuso y demás, pero sí es notable el crecimiento de las bandas criminales que, en su propósito de consolidar el narcotráfico, necesitan aliados legales. La justicia tiene que actuar ahora y no después de las elecciones”, manifestó una fuente del alto tribunal, quien confirmó que se examinan escenarios precisos en los que las bandas criminales ya están moviendo recursos económicos para influir en la acción política.

En la actualidad existen dos regiones en las cuales la Corte Suprema tiene mayor preocupación: los departamentos de Córdoba y La Guajira. En el primero salta a la vista que las zonas donde operaron las autodefensas de Castaño hoy son asiento del fortalecimiento de las bandas criminales. Respecto a La Guajira, la forma como se ha venido expandiendo la banda liderada por Marcos Figueroa, alias Marquitos, y sus inocultables nexos con autoridades locales, amerita neutralizar a tiempo mayores alianzas con la política.

Sin embargo, no son las únicas regiones donde en criterio de la justicia es imprescindible actuar a tiempo. “El tema del departamento del Meta es un caso aparte. El terreno que dejaron abonado paramilitares como Miguel Arroyave u Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, hoy trata de coparlo el llamado Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), que no es otra cosa que una banda criminal que quiere repetir el asalto a las finanzas públicas, y el camino ya es conocido: influir en las elecciones”, agregó la fuente consultada.

Los departamentos del Valle y Norte de Santander, así como la región del Eje Cafetero, también requieren un blindaje especial. En estas zonas está desmontado el paramilitarismo, pero las bandas criminales, ya no con una prioridad antisubversiva sino abiertamente para fortalecer el narcotráfico, desarrollan actividades de cooptación de actividades ilegales, y para consolidar su modelo ilegal, les da igual buscar alianzas con grupos guerrilleros o con políticos locales dispuestos a dejarse corromper con tal de financiar sus campañas.

La iniciativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, compartida por la Fiscalía, tiene otras razones de peso. Así como la parapolítica ya no tiene la misma dinámica que hace un lustro, en próximos meses se va a presentar una situación inaplazable: los procesados por la ley de Justicia y Paz van a empezar a quedar libres y no es de extrañar que algunos exparamilitares rasos puedan ser cooptados por las bandas criminales. Si no se cierra a tiempo el grifo de la bacrimpolítica, se puede gestar una peligrosa amenaza para la sociedad.
Según las autoridades de Policía, hoy las bandas criminales pueden estar operando en por lo menos 20 departamentos y en su composición se han advertido alianzas de todo tipo: mafias con delincuencia común, exparamilitares con guerrilleros activos, redes de microtráfico con miembros de Ejército y Policía seducidos por el dinero, promotores de la minería ilegal con oficinas de cobro. Los vasos comunicantes de la criminalidad que saben bien que aliarse con políticos es la mejor estrategia para afianzar su poder en las regiones.

Ese es el nexo que urge cortar a tiempo y que la Corte Suprema de Justicia, en asocio con la Fiscalía, quiere enfrentar cuanto antes. Sólo que, a diferencia de lo que en su momento fueron las pesquisas por la parapolítica, no se quiere correr el riesgo de que el detonante de las investigaciones sean únicamente los testigos. Ese mecanismo fue importante porque muchos desmovilizados del paramilitarismo tenían la obligación de decir la verdad. Hoy se pretende avanzar con contextos regionales, bases de datos y trabajo de campo.

Una especie de vigilancia judicial preventiva que les permita a las demás autoridades también blindar los comicios. “Hay que detectar en qué zonas el poder local puede verse cooptado por las bacrim, establecer cuál es su modus operandi para fletar a miembros de la Fuerza Pública, determinar si circulan órdenes clandestinas en torno a por quién votar en las elecciones, extremar medidas a la hora de escoger a los jurados de votación, y hasta evaluar cómo se controla el transporte público”, recalcó un investigador judicial del caso.

Hoy la amenaza de las bandas criminales y su proyección hacia el poder político tiene un desafío particular: los llamados Urabeños. Tanto, que el más reciente reporte del Centro Integrado de Inteligencia de la Fuerza Pública admitió que siguen creciendo. En 2012 contaban con cerca 1.970 integrantes, en la actualidad se habla de más de 2.300. De hecho, ya superan en número a la guerrilla del Eln. Sin embargo, según los analistas judiciales, su influencia en la política no estaría únicamente en Antioquia, sino en 11 regiones del país.

Su desafío es de tales dimensiones que ya Estados Unidos le hizo ver a Colombia lo que realmente significan. El pasado viernes, al incluirlos en la Lista Clinton, el Departamento del Tesoro advirtió sanciones contra sus miembros o contra quienes hagan transacciones comerciales con ellos, al tiempo que los incluyó en otra clasificación para los grandes traficantes de droga a nivel mundial. Los Urabeños, al mando de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, son un reducto del paramilitarismo que, asociado al delito, hoy es un reto de seguridad.

Sin embargo, los Urabeños, a pesar de sus bajas en los últimos tiempos, no es la única banda criminal con capacidad para corromper o ganar espacio para sus rutas de narcotráfico. Los Rastrojos o los Machos, ambos reciclados de los carteles de la droga en el Valle; o los Paisas, con poder criminal en el Bajo Cauca o el departamento de Córdoba; incluso la oficina de cobro de Envigado, que otrora le dio el poder asesino a Pablo Escobar o a Don Berna, también constituyen una amenaza regional. Y más aún en la antesala del debate electoral.

Ya ni siquiera es un asunto exclusivo de análisis de la Policía. Instituciones u organizaciones tales como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral o la Corporación Nuevo Arco Iris lo vienen documentando con suficiencia. Las bandas criminales están ganando injerencia en distintas regiones, en especial donde el orden público es crítico y, más preocupante aún, en aquellas zonas donde el paramilitarismo de los Castaño, Jorge 40 y demás no sólo ejerció dominio territorial, sino que cooptó el poder político.

Ese es el dilema mayor que inquieta a la justicia, que se repita lo que en las elecciones de 2002 fue una constante. Pactos políticos entre dirigentes y actores ilegales para beneficiarse mutuamente. El pacto de Ralito, el de Los Mandarinos, el de Chivolo, siniestras alianzas con el concurso de jurados de votación, que entonces le permitieron al paramilitarismo llegar al Congreso, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las alcaldías. La misma operación que se procura evitar respecto al accionar de las bandas criminales.

“Cuando organismos de la justicia internacional preguntan si ya se acabó la parapolítica, se les dice que no, pero en la práctica lo que se tiene que mantener es el blindaje a las elecciones. Cuando se divulgan mapas de expansión de las bandas criminales, se habla de gobernadores en entredicho o toman nombre personajes tales como Marquitos Figueroa, alias El Gavilán, o el propio Otoniel, no cabe duda de que hay que seguir investigando”, observó la fuente que ratifica por qué es
necesario abrir cuanto antes el capítulo de la bacrimpolítica.

En la costa Caribe, porque los Urabeños o los ejércitos antirrestitución de tierras son una realidad creciente y se advierte su interés por desarrollar un brazo político que encubra su accionar delictivo. En Norte de Santander, porque Víctor Raúl Navarro, alias Megateo, un exguerrillero del Epl, hoy administra su feudo criminal en la región del Catatumbo; o en la región de los Montes de María, porque es un secreto a voces que los paramilitares de ayer están tratando de reorganizar sus estructuras, en especial para la toma del poder local.

Las autoridades ya están advertidas y poco a poco asumen el desafío creciente de las bandas criminales. Por ejemplo, la semana anterior en Barranquilla, a raíz del asesinato de Juan Carlos Cantillo, esposo de la señora Universo, la versión es que hizo parte de un ajuste de cuentas entre los Rastrojos y una bacrim de la costa. La alcaldesa Elsa Noguera recalcó la necesidad de enfrentar estas bandas y anunció que el gobierno de Estados Unidos va a desarrollar una estructura especial para desarrollar inteligencia contra estas organizaciones.

En síntesis, en momentos en que se habla de mandatarios asociados con bandas criminales o que éstas ya incursionan en más de 300 municipios, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía han decidido liderar el desafío de enfrentarlas. No en el terreno de la persecución, labor que corresponde a la fuerza pública, sino en el escenario donde, como ocurrió con el paramilitarismo, pueden hacerse más fuertes: en la actividad política. Ya está en marcha el debate electoral de 2014 y también toma forma la redada de la justicia para cortarles el paso a las bandas criminales.