Defensa de Piedad Zuccardi le solicitó a la Corte agilidad en su proceso

La senadora es investigada por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Por medio de una misiva, la defensa de la senadora Piedad Zuccardi le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia agilidad en el proceso que se adelanta en contra de su cliente por presuntos nexos con grupos paramilitares.

El abogado William Adán Rodríguez Castillo, quien defiende los intereses de la congresista, argumentó que desde el pasado 26 de febrero, el alto tribunal no ha “emitido un solo pronunciamiento sobre las pruebas solicitadas” dirigidas para ejercer el derecho de contradicción y defensa.

El jurista calificó como “preocupante” dicha circunstancia, pues, transcurridos más de 100 días desde su último pronunciamiento, indicando en la misiva que no se ha tomado determinación alguna frente a las pruebas requeridas por la defensa para desvirtuar los indicios en contra de su cliente en dicho proceso.

La congresista fue cobijada con medida de aseguramiento por la Corte Suprema de Justicia el pasado seis de marzo, con fundamento en las declaraciones rendidas por varios excomandantante paramilitares y desmovilizados de los Bloques de las AUC que delinquían en el sur de Bolívar. (Ver Testimonios de Mancuso y 'El Chino', claves en proceso contra Piedad Zuccardi)

En este sentido señaló que está situación “sin lugar a dudas, restringe el derecho de defensa que le asiste a mi representada, razones por demás para reiterar mi solicitud de impulso procesal a la presente actuación, máxime que existe persona privada de la libertad”, precisa uno de los apartes de la solicitud conocida por El Espectador y que fue radicada el pasado 7 de junio.

La senadora se encuentra recluida, por razones de seguridad, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá.

Esta solicitud se suma a las presentadas el 27 y 29 de mayo ante la Corte Suprema y la Procuraduría General en la que se pidió “investigar la violación a la reserva del sumario” presentada en el interior de esa Corporación “toda vez que se ha trasladado a los medios de comunicación un audio de la indagatoria del 26 de febrero 2013”.

En dichas solicitudes se argumentó que con este tipo de acciones se ha buscado “un efecto mediático negativo dirigido a confundir la opinión pública y a perjudicar a mi Poderdante quien está amparada por el principio de presunción de inocencia".

En igual sentido se solicitó al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado "establecer quiénes y por qué medios, han violado sistemáticamente la reserva de la instrucción, posibilitando que se lleve a cabo un juicio paralelo en contra de la implicada, ante los medios de comunicación".