Baltasar Garzón pidió al Estado que repare por Masacre de El Nilo

<p>El juez español Baltasar Garzón &quot;exigió&quot; al gobierno colombiano que cumpla con los compromisos adquiridos hace 15 años con los indígenas Nasa del norte del Cauca y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsable de la masacre de 20 indígenas en la Hacienda de El Nilo, en diciembre de 1991.</p>

"Mi petición, al Gobierno y a los distintos actores, es que deben eliminarse los obstáculos que están llevando a ese incumplimiento", aseguró el Juez Garzón quien es uno de los veedores del cumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno nacional, cuando era presidente Ernesto Samper Pizano y que incluía la entrega de tierras y reinvidicaciones sociales para la Comunidad Nasa.

Para Garzón, sería muy triste que las ocupaciones de fincas continuaran y que se volviera atrás en lo que se había avanzado. "En definitiva hay una resolución de la CIDH, hay unos acuerdos hechos entre el Gobierno y los distintos actores, y como parte de esos acuerdos yo solicitó, pido y exijo que se cumpla".

Dijo estar seguro que si los acuerdos se cumplen, cosa que cree el Gobierno va a intentar, la buena voluntad de los indígenas estará asegurada.

La reparación por la masacre de El Nilo lleva 15 años de incumplimiento y ello ha llevado a las ocupaciones pacíficas que los indígenas realizan en las fincas del norte del Cauca.

La masacre de El Nilo ocurrió el 16 de diciembre de 1991, en Caloto, Cauca, cuando luego de una ocupación pacífica un grupo de indígenas fue llamado con la excusa de negociar y se encontraron con una emboscada que dejó veinte muertos. Después se confirmó que se trató de una operación de la Policía Nacional.

El 16 de diciembre de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibió la petición presentada por el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' contra el Estado Colombiano por la ejecución extrajudicial de los 20 indígenas en la Hacienda El Nilo. El Estado admitió su resaponsabilidad y el 7 de septiembre de 1995 se inició un proceso de solución amistosa que terminó ratificada el 1 de septiembre de 1995 cuando se se celebró un acuerdo adicional en la María de Piendamó, entre el Ministerio del Interior y el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, en el que se reiteraron los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas del Cauca.

En septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de DD.HH. concluyó que el Estado había faltado parcialmente a su obligación de garantizar varios derechos contemplados en la Convención y tomar medidas para prevenir su violación. Así mismo recomendó adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relativos a la reparación social a favor de las comunidades indígenas.

Entre 2005 y 2008, los indígenas han realizaado por lo menos diez tomas pacíficas de la hacienda La Emperatriz, en Caloto, y siempre han terminado en enfrentamientos con la fuerza pública. El balance es de cien heridos, tres muertos y doce indígenas presos.

La respuesta de los indígenas es una comunicación al presidente Álvaro Uribe: "¿Cuántos muertos más tenemos que colocar los indios para que usted nos cumpla?, ¿Cuántas muertes más tienen que haber en Colombia para que Usted se digne a cumplir con los pueblos?. Esto no puede seguir así, no provoque más el conflicto social entre pobres, porque somos todos los necesitados de Colombia los que pagamos las consecuencias con nuestras vidas y es una élite económica la que se beneficia siempre".