Comisión Interamericana de DD.HH. analizará caso de masacre de Chengue

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la responsabilidad del Gobierno Nacional en la masacre de Chengue (Sucre), perpetrada en 2001 por grupos paramilitares, con el presunto consentimiento de agentes de las Fuerzas Armadas del Estado.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este lunes el informe de admisión del caso, que se basa en una petición de la Corporación Colectiva de Abogados José Alevar Restrepo, en la que se denuncia la "aquiescencia y participación" de agentes del Estado en la masacre de Chengue y la inactividad del Gobierno para investigar y condenar a los culpables.

Los solicitantes se basan en los hechos ocurridos el 17 de enero de 2001, cuando un grupo de unos 80 miembros del frente "Héroes de los Montes de María" de las Autodefensas entró en el corregimiento de Chengue, en el departamento de Sucre y asesinó a 30 personas, saqueó e incendió más de 20 viviendas y causó el desplazamiento de 104 familias.

Según los abogados, la masacre fue perpetrada por paramilitares bajo las órdenes del comandante Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias ‘Cadena', y de Carlos Castaño, desaparecido jefe de las Auc, con la "colaboración directa, por acción y omisión, de miembros de las Fuerzas Públicas, con anterioridad y posterioridad de los hechos".

Consideraron que el Gobierno es, por tanto, responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad y la libertad personal de las víctimas, a la propiedad, a la protección de los niños y a la protección judicial.

Asimismo, los solicitantes señalaron que el Estado incumplió con sus obligaciones respecto de las familias desplazadas. Alegaron que los actos de intimidación y violencia de las Autodefensas en la zona, en supuesta connivencia de la Fuerza Pública, fueron denunciados en varias ocasiones.

Además, indicaron que el sargento segundo de la Infantería de Marina Euclides Rafael Bossa Mendoza se entrevistó un día antes de la masacre con ‘Cadena' en la finca El Palmar y le entregó armas y munición a cambio de dinero.

El mismo día de los hechos, los helicópteros de la Fuerza Pública sobrevolaron la zona casi tres horas después de la huida de los paramilitares y, a pesar de que los agentes detectaron a los paramilitares desde el aire, no los detuvieron, argumentan los solicitantes en su reclamo.

En el informe, los abogados destacaron que, transcurridos seis años de la masacre, no hay resolución de acusación contra Carlos Castaño Gil y ‘Cadena', desaparecidos desde hace varios años.

En cuanto a la responsabilidad de los agentes del Estado, los abogados afirmaron que los implicados fueron absueltos y los casos abiertos ante la justicia penal militar aún se encuentran en etapa de instrucción o se desconoce su estado.
De los 80 paramilitares involucrados en la masacre, solo dos fueron condenados y uno de ellos se entregó voluntariamente, según los peticionarios.

En este sentido, la CIDH afirmó que, visto el tiempo transcurrido, procede aplicar el artículo de la Convención Americana respecto al "retardo injustificado en el desarrollo de los procesos judiciales internos".

Por su parte, el Estado indicó que la CIDH no es competente para pronunciarse sobre el caso y cuestionó el argumento de los abogados de que el Ejecutivo haya fallado en su deber de protección, pues argumentó que las Fuerzas Armadas "no tenían posibilidades de evitar las violaciones cometidas en Chengue".

Asimismo, señaló que, una vez conocidos los hechos, se emitieron órdenes de enviar varias compañías y la Policía Nacional dispuso inmediatamente el sobrevuelo en helicóptero.

En cuanto a las familias desplazadas, el Gobierno dijo que ha efectuado nueve acciones de reparación directa, que ha hecho un censo y ha entregado viviendas y alimentos a los afectados.

Sobre las investigaciones judiciales, el Gobierno alegó que sí se llevaron a cabo investigaciones judiciales y disciplinarias, pero que no es culpable de crímenes cometidos "exclusivamente" por terceros cuando la conexión con la Fuerza Pública ha sido desestimada por la jurisdicción penal.