Fiscal se abstiene de detener a 65 militares, pero los mantiene vinculados con masacres

<p>Un Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos se abstuvo de ordenar la detención contra 65 militares que están siendo investigados dentro del proceso por dos masacres ocurridas en La Resbalosa y San José de Apartadó, pero no los desvinculó.</p>

Los uniformados procesados integraban patrullas del Ejército que intervinieron en operaciones contra guerrilla en la zona donde fueron asesinados tres menores de edad y cinco adultos.

El 21 de febrero de 2005 fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia y los niños Natalia y Santiago Bolívar Muñoz, Alejandro Pérez Castaño y Sandra Milena Muñoz Posso, en la zona rural La Resbalosa, del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, y cuyos cuerpos fueron hallados en dos fosas.

Asimismo, el mismo día, en la vereda Mulatos Alto, de la localidad de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, fueron cometidos los homicidios de Luis Eduardo Guerra, Beyanira Areiza Guzmán y el menor Deyner Andrés Guerra Tuberquia.

Los defensores de los 65 militares solicitaron concluir la investigación, pero el pedido fue negado por el fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) , a cargo de la instrucción.

El Fiscal "continúa con la investigación para ubicar a otros responsables de los homicidios", señaló la Fiscalía General en un comunicado.

En el mismo proceso, sin embargo, están detenidos sin beneficio de fianza, y como presuntos coautores de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo y al subteniente Jorge Humberto Milanés Vega.

También los suboficiales Henry Audelo Cuasmayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia, Ángel Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, sargento segundo.

Asimismo, se encuentran privados de la libertad cuatro integrantes de grupos ilegales de autodefensas, Jorge Luis Salgado David y Joel José Vargas Flórez entre ellos, como presuntos responsables de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, añadieron las fuentes.

Desde 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió la responsabilidad del Estado colombiano para implementar todas las medidas necesarias para proteger, individualmente y en conjunto, a los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó.

La Corte Constitucional colombiana también exigió al Estado la protección de los habitantes de esa pequeña localidad, que se declaró comunidad de paz desde el 23 de diciembre de 1997 y pidió a guerrilleros, paramilitares y militares, excluirlos del conflicto armado interno.