Gobierno deberá regular la entrega de viviendas de interés social

<p>Un fallo de tutela de la Corte Constitucional le ordena al Ejecutivo iniciar una regulación especial que permita garantizar la entrega de viviendas de interés social, que son adjudicadas, a las personas de menos recursos.</p>

En el fallo, la Corte llama la atención sobre "la ausencia de regulación en materia de destinación de inmuebles de interés social".

La decisión del Alto Tribunal se conoció en el fallo de una acción e tutela presentada por una madre cabeza de familia que tienen a su caro seis hijos menores de edad que luego de vivir durante más de seis años en un lote destinado a proyectos de vivienda de interés social, en el Carmen de Bolívar (Bolívar), fue desalojada por el dueño del terreno.

Los magistrados de la Corte Constitucional, asimismo, asegura que "el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial debe proponer el diseño de una regulación más efectiva, adecuada y precisa de las condiciones en que un adjudicatario de vivienda de interés social puede no residir en ella o arrendarla",

Con esta decisión se busca implementar una nueva regulación que garantice que las personas más vulnerables y de menos recursos sean la prioridad al momento de entrega y adjudicación de viviendas de interés social, que hasta ahora no ha ocurrido.

La tutela fallada por el Alto Tribunal está relacionada con el caso de Luz Marina Narváez quien a través de un contrato verbal pagaba 20 mil pesos mensuales de arriendo y cubría los costos de los servicios públicos del predio de Mariano Asitimbay, para poder vivir con sus seis en el predio de Carmen de Bolívar.

El Gobierno Nacional le había adjudicado esa vivienda a Asitimbay, porque supuestamente era una persona de pocos recursos. Sin embargo, él residía en otra vivienda del Carmen de Bolívar y posteriormente se trasladó a Popayán.

Cuando decidió vender el predio donde habitaban Narváez y sus hijos, la mujer presentó la tutela que terminó con la decisión de la Corte de amparar los derechos de esta madre cabeza de familia.

El fallo de la Corte ampara los derechos de una vivienda digna y la unión familiar de la mujer, pues luego del desalojo cada uno de sus hijos y tuvo que irse a vivir a un lugar diferente lo que supuso la desintegración de la familia.

El desalojo de Narváez fue autorizado por los jueces en dos instancias, con el argumento de que no había cumplido con el contrato verbal al que había llegado con Asitimbay.