Llaman a indagatoria a representantes de Chiquita Brands

La Fiscalía investigará a la multinacional estadounidense por sus vínculos con 'paras'. No se descarta procesar a sus directivas.

La diligencia la adelantará la Fiscal 29 especializada de Medellín, Alicia Domínguez, que llamó a rendir indagatoria a los representantes legales de la multinacional bananera por haber aceptado sus vínculos económicos con los paramilitares.

El ente acusador no descartó vincular formalmente a las directivas de dicha compañía a la investigación. De igual forma, emitió una orden de captura por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito contra Raúl Hasbún, empresario bananero que se desmovilizó con las autodefensas y que sería el responsable de que el dinero de la multinacional llegara a las Autodefensas.

Se presume que el ente acusador también llamará en indagatoria a representantes de las compañías bananeras Unibán, Probán y Sunisa-DelMonte, quienes al parecer donaban parte de la venta de la caja de banano exportada a la financiación de los paramilitares.

El 13 de diciembre pasado, Chiquita Brands le pidió a un juez de su país no tener en cuenta la demanda interpuesta por 140 víctimas de éstos. La multinacional bananera Chiquita Brands presentó ante una corte de Washington una moción en la que pide al juez que desestime la demanda colectiva civil interpuesta por 140 familiares de víctimas de los paramilitares.

La moción, a la que tuvo acceso la Agencia Efe, es la respuesta de Chiquita a una demanda interpuesta el 7 de junio pasado por familiares de 173 ciudadanos colombianos asesinados por las Auc, que de ese modo protestaron por los vínculos entre esa compañía y los paramilitares, delito que pagaron con dinero y no con cárcel.

Frente a esta situación, desde Colombia se ha estudiado la posibilidad de solicitar en extradición de los directivos de Chiquita Brands para que respondan por el delito con cárcel y no con dinero, como lo hicieron en su país, Estados Unidos.

Al respecto, el abogado estadounidense Paul Wolf, que representa a las víctimas de esos grupos armados ilegales, sostuvo que la extradición a Colombia de los directivos de la multinacional bananera es viable. "Esa extradición es totalmente posible. No hay ninguna restricción legal", dijo Wolf a la Agencia Efe.

El jurista, que realiza gestiones en la ciudad de Medellín, indicó que "el problema es si hay voluntad para pedir esa extradición" por parte de las autoridades colombianas. Wolf representa a cerca de 140 familias que el pasado 7 de junio presentaron una demanda civil en Washington en contra de la bananera por considerarla cómplice de grupos violentos.

La multinacional admitió que pagó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares, acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad. El pasado 17 de septiembre un juez federal en Washington autorizó una multa de 25 millones de dólares a la bananera, que ésta accedió a pagar a plazos, en marzo pasado, dentro de un arreglo judicial.

Pero los directivos de Chiquita Brands no fueron castigados penalmente, lo que causó malestar en Colombia, donde se interpretó como una muestra de impunidad. "Necesito mantener contacto con las víctimas y decirles a mis clientes que todo está bien", manifestó el letrado estadounidense.

De igual forma, recordó que el subsecretario de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Thomas Shannon, dijo que si Colombia quiere extraditar esas personas, EE.UU. no tiene problema en dar una respuesta. Paul Wolf insistió en que la decisión sobre la extradición "es de mucha importancia para las víctimas" y para él.

Se refirió a las denuncias que relacionan a la United Fruit con violaciones de los derechos humanos en el siglo pasado, cuando la empresa operaba en el Caribe colombiano y países de Centroamérica. "Son muchos crímenes en 80 años", puntualizó.

Chiquita, que antes se llamó United Fruit Company, opera en la región bananera de Urabá, situada en el departamento de Antioquia. En esa zona los paramilitares fueron acusados de cometer innumerables crímenes de lesa humanidad, especialmente en las décadas de 1980 y 90, para desterrar de la región a los guerrilleros, sindicalistas y activistas de los derechos humanos.

En septiembre pasado, la cancillería colombiana dijo en un comunicado que pediría la extradición de los ejecutivos de Chiquita si se determina que su conducta "tipifica algún delito en Colombia". Entretanto, el vicepresidente, Francisco Santos, consideró que la multa de Chiquita debía destinarse a la reparación de las víctimas de los paramilitares.

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