Más funcionarios de la Presidencia estarían involucrados en red de tráfico de personas

En las últimas horas, las autoridades ordenaron la captura de ocho personas más que harían parte de la red de tráfico de personas, desmantelada el jueves, entre las que se encontrarían tres supuestos funcionarios de la Presidencia, que se sumarían a los dos empleados de la casa de Nariño ya capturados.

El escándalo de funcionarios de la Presidencia de la República supuestamente involucrados en una red que se dedicaba al tráfico de persona, y que expedía visas y documentos falsos, no para.

Este viernes, las autoridades ordenaron la captura de ocho personas más entre las que se cuentan una contratista del programa para la Equidad para la mujer, una secretaria y un conductor de la Presidencia.

Del grupo delincuencial también haría parte la secretaría de una congresista, contra la que también se dictó orden de captura.

El jueves, la Casa de Nariño expidió un comunicado en el que aseguraba que desde el inicio de esta investigación, ha apoyado todas las labores del DAS y la Fiscalía para desmantelar el grupo delincuencial y pidió que sobre estas personas caiga todo el peso de la ley, porque han abusado del nombre de la Presidencia para cometer actos ilícitos.

El otro escándalo

El otros escándalo que ha sacudido al país y en el que están involucrados funcionarios públicos es el de los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el paseo millonario contra un comerciante de plásticos de Bogotá.

La primera audiencia en la que se les leyeron los cargos a los cuatro policías terminó a la una de la mañana de este viernes, con varias decisiones sorpresivas.

El juez que precedía la audiencia se abstuvo de dictar orden de captura en contra de Omar Mauricio Acosta, conductor del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, y del capitán de la Policía Guillermo Antía Ordóñez, escolta del mismo ex funcionario y quien habría facilitado la camioneta en la que se cometió el delito.

La decisión judicial, según argumentó el juez, se debe a que contra estas dos personas no existen pruebas contundentes de su participación en el delito, además de no tener antecedentes penales. Sin embargo, ambos siguen vinculados a la investigación.

Contra quien sí se dictó orden de captura fue al escolta del asesor presidencial Juan Guillermo Ángel, Jairo Gallego, que durante la audiencia aceptó los cargos que se le imputaron. El juez le concedió la casa por cárcel.