Por masacre de La Rochela, general (r) Yanine rendirá indagatoria la próxima semana

Cerca de dos décadas después de la masacre de La Rochela, en la que fue
asesinada una comisión judicial, la Fiscalía vinculó al expediente al
general retirado Farouk Yanine y lo llamó a indagatoria. La reapertura del proceso <a href="/Los%20Libros%20de%20Ruiz%20Zaf%C3%B3n" class="Link" target="_blank">había sido anunciada</a> por <b>El Espectador </b>hace un mes.

El ex oficial fue llamado a la Fiscalía por el cargo de concierto para delinquir por acción, en concurso de homicidios agravados por omisión. Se tratan de establecer las actuaciones que para finales de los años 80 pudo tener el general (r) Farouk Yanine Díaz en calidad de comandante de la Segunda División del Ejército y qué tanto permitió la proyección de los grupos paramilitares en la región, que con el paso del tiempo derivaron en sucesivos hechos de violencia tales como la desaparición de los 19 comerciantes en octubre de 1987 y la referenciada masacre de La Rochela, ocurrida en enero de 1989.

La vinculación del general Yanine a la investigación tiene además otros soportes jurídicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la decisión que condenó al Estado colombiano por la masacre de La Rochela en mayo de 2007, referenció que a pesar de los testimonios que relacionaban al oficial con la masacre, nunca fue formalmente vinculado al proceso penal. Además, por tratarse de graves infracciones a los Derechos Humanos, existe jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de que no procede la prescripción. Por eso, desde enero de 2007, la Fiscalía ha determinado vincular, acusar y hasta pedir condenas en este expediente judicial.

En respuesta a los continuos requerimientos de la parte civil en el caso de La Rochela y las sugerencias para que el ex oficial sea vinculado, que también fueron expresadas por la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia de revisión del expediente por la desaparición de 19 comerciantes en 1987, la Fiscalía ordenará que el general Yanine Díaz sea escuchado en diligencia de indagatoria. Sin duda, se avecina una gran controversia jurídica, por cuanto el general Yanine ya había sido procesado y absuelto por la Justicia Penal Militar, en junio de 1997, en desarrollo de una investigación que fue inicialmente emprendida por la Fiscalía por el caso de la desaparición de los comerciantes.

La conexión

Aunque los casos de la desaparición de los 19 comerciantes, en octubre de 1987, y la masacre de La Rochela, en 1989, corresponden a hechos distintos y momentos diferentes, con el paso de los años la justicia estableció que tienen nexos comunes. El primer episodio ocurrió en octubre de 1987 en Cimitarra (Santander), cuando 19 personas que se dedicaban a comerciar mercancía de contrabando fueron torturadas y desaparecidas. Pese a que la justicia ordinaria condenó a varios paramilitares, en la Justicia Penal Militar los oficiales que fueron vinculados a la misma investigación resultaron absueltos. Uno de ellos era, precisamente, el general en retiro Farouk Yanine.

En razón a que varios testigos acusaron a Yanine y a otros militares de haber participado en el asesinato de los 19 comerciantes, en octubre de 1996 la Fiscalía vinculó al general Yanine en este caso. Meses después, y particularmente por las confesiones del jefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, según las cuales el ex oficial asistió a varias reuniones con la cúpula de las Autodefensas del Magdalena Medio, el ente investigador acusó al general (r) de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio múltiple y conformación de grupos de justicia privada. Casi de inmediato la Justicia Penal Militar entabló una colisión de competencias.

En noviembre de 1996 el Consejo de la Judicatura le entregó el caso a la Justicia Penal Militar, que se tomó siete meses para concluir que el general Yanine Díaz no tuvo responsabilidad en el caso de los 19 comerciantes. En esencia, la preclusión a su favor obedeció a varios argumentos: en primer término, que para la época de los hechos Yanine estaba al frente de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y no estaba en Santander. Además, que hubo aparentemente en la Fiscalía clonación de testigos secretos para poder procesarlo y utilización de otros declarantes que no formaron parte de la escolta del oficial cuando estuvo en Bucaramanga o en otros municipios de Santander.

No obstante, la conexión entre el episodio de los 19 comerciantes y la masacre de La Rochela obedece a que la comisión judicial que fue masacrada el 18 de enero de 1989 tenía como propósito aclarar el caso de los comerciantes. Y el promotor de dicha masacre fue ni más ni menos que Vladimir, el principal acusador del general Yanine. De hecho, en una de sus declaraciones ante la Fiscalía, Vladimir denunció que un abogado al servicio del entonces jefe paramilitar Carlos Castaño lo había visitado varias veces en la cárcel para que se retractara de sus declaraciones y que Castaño le mandaba a decir que tenía que ayudar al general Yanine porque ellos ya tenían una copia de todo lo que él había declarado.

En el caso de la masacre de La Rochela también predominaron las preclusiones y los asesinatos de testigos e incluso de uno de los agentes investigadores del CTI. Ante la impunidad que rodeó este expediente, los representantes de las víctimas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en mayo de 2006 notificó al Estado colombiano que debía comparecer en este caso. El asunto pasaría después a examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que un año después condenó al Estado y, de paso, dejó abierta la opción de que la Fiscalía volviera a indagar la presunta responsabilidad del general Yanine Díaz y otros militares.

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